La Cámara Colombiana de la Infraestructura alertó por la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos para el desarrollo del país: 'Construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca', por cerca de $340 mil millones, y 'Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique', por alrededor de $636 mil millones, en total, cerca de $1 billón.

Así lo expresó el gremio en una comunicación enviada a los ministros de Hacienda y Transporte, al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y a la directora del Departamento Nacional de Planeación.

Proyectos estratégicos en riesgo

El gremio advirtió que la disminución de las vigencias futuras para estas iniciativas pone en riesgo obras clave para la competitividad, el crecimiento económico y la integración regional, al tratarse de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y fundamentales para el Valle del Cauca y la región Caribe.

Reducción unilateral y transgresión de reglas fijadas por el propio Gobierno

La Cámara también alertó sobre posibles irregularidades en la forma como se tomó esta decisión. Recordó que un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado estableció que las vigencias futuras sólo podían modificarse si existía acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el propio Gobierno redujo de manera unilateral los recursos, pese a haber definido previamente que dichos ajustes requerían el consentimiento de los concesionarios.

Según el gremio, esta actuación transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales y financieros para la Nación.

Por estas razones, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno nacional a restablecer las vigencias futuras previstas para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en proyectos que resultan esenciales para el desarrollo del país.

Finalmente, la CCI hizo una advertencia contundente: de no honrar estos compromisos de pago, los funcionarios responsables serían sujetos de eventuales sanciones disciplinarias y fiscales.