La Junta Directiva de Ecopetrol, anunció que colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con el caso de la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses ante la imagen de la empresa y e Ricardo Roa como su presidente.

La directiva de la petrolera aclaró que en el proceso de contratación no participó el presidente de la compañía. Este contrato, señala la empresa, le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes.

Desde el año 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, ha contado con un sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos, con conocimiento en asesorías especializadas en diversos temas, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA, asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, gestión de riesgos y asuntos éticos.

En un comunicado, Ecopetrol señala que “Tal y como se verificó en las actas, ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025”.

En su momento y de manera oportuna, la Junta Directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan.

Las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional.

Ecopetrol aseguró que mantiene su solidez operativa y financiera. La Empresa ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública. 

Esta coyuntura no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso. La transparencia y la defensa del patrimonio público son prioridades de la Junta Directiva, en línea con los principios de buen gobierno corporativo.