El procurador Agrario y Ambiental del Tolima, Ernesto Cardoso, envió en días pasados un documento al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso y al alcalde Luis. H Rodríguez con el fin de mediar por las diferencias que se han presentado entre las dos instituciones por el repentino cambio del uso del suelo en las zonas de mitigación de impacto de Ibagué.

El Ping pong político de Econoticias y la Unidad Investigativa de Ecos del Combeima auscultan hasta el fondo la polémica que sigue generando el ordenamiento territorial de nuestra ciudad ya que algunos artículos del POT intentan dejar la primera e histórica ventana abierta para que algunos constructores como El Pomar que hicieron en suelo rural Las Victorias y el Conjunto Santo Domingo colindante con el matadero de Pollos Gar, esta última en una zona que era netamente industrial y misteriosamente se cambió a zonas integrales de servicios, intenten realizar conjuntos de viviendas campestres en los cerros tutelares como La Martinica donde hay una amplia Zona de Conservación de suelos que vigilan de frente a nuestra ciudad con el Río Combeima que recorre amplias zonas de la doble calzada adjudicada de Ibagué hasta Cajamarca. La discusión se extiende por todos los 19 kilómetros de cerros de nuestra cordillera central en la falda del Nevado del Tolima pasando por los cerros noroccidentales de Ibagué donde nace el río Chipalo y llegando hasta los cerros nororientales y Cerro Gordo, áreas que deben y tienen que ser protegidas por Cortolima y la comunidad en general.

Invitamos al analista y estratega ambientalista Jorge Palacios, al candidato al Concejo de Ibagué, Juan Espinosa, al candidato oficial del Centro Democrático a la Alcaldía de Ibagué, abogado ambientalista Emmanuel Arango y al ingeniero Félix García Motta, presidente de Camacol Tolima, este último a favor de la construcción pero en contra que se le hagan ‘goles’ a la ciudad.  

Emmanuel Arango

Al respecto el candidato a la Alcaldía Emmanuel Arango comentó que “entre la normatividad del POT encuentro que realmente se esta convirtiendo en un hecho más de los desafortunados y oscuros de la Administración. Cómo es posible que se establezca una zona de mitigación de 500 metros de espesor y 19 kilómetros a lo largo en el perímetro de la ciudad y quieran permitir que se construya vivienda campestre, si se hacen las cuentas matemáticas son 9.500.000  mil metros cuadrados y nosotros tenemos un cálculo de que quieren vender a 100.000 mil pesos el metro cuadrado, así que estamos hablando de un negocio de casi 1 billón de pesos , por otra parte según el especulaciones el precio podría elevarse hasta 350.000 mil pesos por metro cuadrado es decir que  estaríamos hablando del negocio más grande de la historia de Ibagué obteniendo casi 3 billones de pesos”. 

Por otra parte  añadió que “es decir que esta Administración no se contentó con el negocio de 1 billón de pesos que pretendía implementar con las fotos multas sino que ahora pretende otro negocio multimillonario urbanizando las zonas de mitigación de impacto. No es posible que este POT sea para los pocos y afecte a los muchos, a Ibagué lo han querido tratar como si fuera un pueblito chiquito o la casa, ahora somos una ciudad intermedia y necesitamos gobernantes que estén a la altura para que esto cambie”.

El candidato Arango también anunció que “el señor gobernador tardó más de los 20 días que le establecía la ley para solicitar la revisión ante el Tribunal Administrativo, por lo cual hemos decidido iniciar la solicitud de documentos necesarios para demandar este decreto 0823 del 2014”. 

Jorge Palacios

Por su parte Jorge Palacios afirmó que  “el lapicerito travieso como llamó el doctor Cardoso a estas  modificaciones que están comprometiendo la integridad y el sostenimiento de los cerros tutelares, está creando polémica y cada día se conocen más casos donde los avivatos están aprovechando esta situación de incertidumbre del POT para hacer de las suyas, en estos cerros que son prioritarios para el mantenimiento ambiental de Ibagué”.

En cuanto a los intereses que están en medio del POT, Palacios refirió que “hay muchas personas que pudieron tener intereses económicos en el proceso de creación del POT, hay situaciones donde el metro cuadrado estaba a un precio irrisorio y sorpresivamente luego de la aprobación se valorizaron al punto de triplicar el valor de la tierra. Yo pienso que hay arquitectos y unas confabulaciones de algunos constructores que están aprovechando esta coyuntura y que por supuesto esto va a tener fuertes repercusiones en el mercado inmobiliario de Ibagué”.

“Mientras el Tribunal Administrativo del Tolima no falle y tome la ultima determinación va a seguir existiendo este mercado de especulación y por supuesto los avivatos estarán ahí intentando aprovechar al máximo el desorden que ha generado esta situación”, añadió el analista y estratega en marketing político. 

Juan Espinosa

Ante el documento que se conoció y las intenciones de mediación de Ernesto Cardoso, procurador Ambiental Juan Espinosa indicó que “el procurador Ambiental no puede olvidar que su papel y su rol más importante es la investigación de los actos administrativos y puede que él tenga la buena intención de ser un amigable componedor de estas diferencias, pero ese no es su papel que le corresponde. Él está llamado a investigar dónde están los responsables en la falsedad que se ha cometido en un documento entre dos instituciones y por qué  la concertación no se respetó creando un decreto que está perjudicando ambientalmente a la ciudad de Ibagué”.

Por último Juan Espinosa aseguró que “el procurador debe actuar en función preventiva y ordenar la suspensión temporal de la vigencia de ese decreto hasta que el Tribunal Administrativo del Tolima se pronuncie”.