En las pretensiones de la Alcaldía de Ibagué, bajo el mandato de Johana Aranda, está que el negocio del alumbrado público siga en manos del municipio.

Así lo confirmó Nataly Suárez, gerente de Infibagué, quien explicó que las intenciones están en alumbrar con esfuerzos propios las calles de Ibagué y no encomendar dicha tarea a un privado.

“Hasta ahora estará en manos del municipio y seguiremos operando”, aclaró Suárez, quien sentó postura con respecto a antiguas propuestas que ponen sobre la mesa la concesión de este servicio.

El fantasma de la privatización del alumbrado público ha perseguido a muchas administraciones en Ibagué. La enfrentó Andrés Hurtado a mediados del 2021, quien las tuvo que desmentir de tajo, e incluso se rumoreaba este asunto en el 2007 cuando Ancízar Carrillo era gerente de Infibagué.

En su lugar, Suárez fue enfática en asegurar que están realizando gestiones para apropiar los recursos necesarios que permitan iluminar aquellos sectores que permanecen a oscuras.

¿Cómo avanza la demanda contra Celsa S.A.S.?

Las deficiencias en las luminarias no son nuevas y se remontan hasta la administración del exalcalde y hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sobre este respecto, Suárez informó que infibagué continúa con la demanda que inició hace más de un año por $7.000 millones contra la compañía Celsa S.A.S., que tuvo a su cargo la instalación de las luminarias LED sobre los principales ejes viales de la ciudad, y que hoy se encuentran apagadas.

Según afirmó la gerente en Ecos del Combeima, se está a la espera del fallo en el que se argumenta, con sustento en un estudio técnico realizado por el Instituto, deficiencias por la falta de calidad de las luminarias entregadas por el contratista.

“Ellos sustentan que fue por nuestras redes, pero qué casualidad que las otras luminarias que se instalaron con Luis H. no han fallado a día de hoy y las del último cuatrienio tampoco”, agregó Suárez.

Y concluyó: “Las pretensiones de Infibagué van a la responsabilidad por la garantía del proceso, donde hay un reintegro aproximado de $7.000 millones que se está requiriendo y una compensación”.