Debido al estado de contaminación y la presencia de asentamientos humanos en el área de ronda de la quebrada Hato de la Virgen, en junio de 2001 fue presentada una acción popular para buscar una solución a esta problemática.

La quebrada en sus mejores tiempos poseía aguas muy limpias, pero debido a crecimiento poblacional de la ciudad, el afluente empezó a recibir aguas residuales a la altura del barrio Buenaventura en el puente de la avenida Mirolindo y del barrio Musicalia, provenientes del río Chipalo.

En la ribera de la quebrada existen asentamientos humanos afectados por la contaminación de la misma y tal perturbación del ambiente sano se extiende a los habitantes de los barrios Buenaventura, Comuneros, Musicalia, Tulio Varón, Jardín Santander, Tolima Grande y el Topacio, que aproximadamente albergan el 40% de la población ibaguereña.
 
Los demandados son el Municipio de Ibagué, el IBAL, Infibagué y Cortolima, y mediante la acción popular se pretendía que se ordenara entubar el agua que corre por la quebrada Hato de la Virgen hasta el lugar donde sea tratada para recuperarla; remediar la afectación que ha sufrido el ambiente con motivo del vertimiento de aguas residuales; reubicar las personas y familias que habitan en la ribera; y vigilancia de la Fuerza Pública para evitar la presencia de drogadictos y delincuentes.

El fallo del 5 de mayo de 2002, el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas. 

En consecuencia ordenó al Municipio de Ibagué, incluir dentro de los planes y programas relativos a la preservación del medio ambiente, recuperación y saneamiento del recurso hídrico, un programa de recuperación y mantenimiento de la quebrada Hato de la Virgen y de las acciones pertinentes para la descontaminación de la misma.

Igualmente le ordenó incluir en los planes de desarrollo municipal y reordenamiento territorial la reubicación de los habitantes de las riberas de la mencionada quebrada y la coordinación con el Comandante de Policía de un plan de vigilancia del sector tendiente a recuperar la seguridad del mismo.

Asimismo, ordenó requerir a Cortolima para que verifique el cumplimiento de las labores contratadas y continúe destinando recursos para lograr la descontaminación de la quebrada “Hato de la Virgen”.

Finalmente, ordenó al IBAL verificar en forma completa y puntual el sector de empalme de aguas negras de la urbanización Villa Yuli para contrarrestar la contaminación de la quebrada “Hato de la Virgen”.

El 4 de febrero de 2010, el Consejo de Estado profirió el fallo de segunda instancia confirmando la decisión de primera instancia que amparó los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública.

Después de casi 13 años, la acción se encuentra actualmente en etapa de verificación de cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo y confirmado por el Consejo de Estado.

La última actuación por parte del Municipio se registró el pasado 28 de diciembre de 2022, mediante el decreto 0982, donde el alcalde Andrés Hurtado delega al secretario de Gobierno para que asista a las audiencias en representación del mandatario ibaguereño como integrante del comité de verificación de la acción popular.

En las audiencias se buscará evaluar si las acciones adoptadas por el Municipio de Ibagué y los otros demandados han sido suficientes para mitigar el impacto ambiental negativo en la quebrada Hato de la Virgen.