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¿Hay un ‘mico’ en el proyecto del presupuesto de Ibagué 2027?

El Concejo tendrá la última palabra sobre una facultad que regiría durante todo el año electoral.
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Concejo
22 Nov 2026 - 7:52 COT por Julian Betancourt

El proyecto de presupuesto de Ibagué para 2027 tiene un punto que promete generar debate en el Concejo Municipal. Se trata del artículo 12, mediante el cual la Alcaldía solicita facultades para realizar traslados presupuestales durante toda la próxima vigencia, una propuesta que abre interrogantes sobre el alcance del control político y la capacidad de decisión de los concejales.

La solicitud cobra especial relevancia porque 2027 será año electoral. Si la disposición es aprobada, la Administración tendría autorización para efectuar determinados movimientos presupuestales sin tener que regresar al Concejo a solicitar un acuerdo para cada operación. ¿Se trata de una herramienta para facilitar la ejecución del presupuesto o de un ‘mico’ que podría reducir la intervención de los concejales?

¿Qué dice el polémico artículo 12?

El texto del proyecto establece: “Se faculta a la Alcaldesa Municipal para la vigencia fiscal del 2027, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2027, para efectuar los traslados presupuestales que mantengan la destinación definida por el Concejo Municipal entre funcionamiento, servicio de la deuda, programa y subprograma contenido en el plan operativo anual de inversiones - POAI”.

En términos prácticos, la Alcaldía busca que el Concejo le otorgue desde ahora una autorización para realizar esos movimientos durante todo 2027, sin tener que tramitar un nuevo acuerdo cada vez que requiera hacer un traslado comprendido en esa facultad.

Sin embargo, el artículo también establece un límite: las modificaciones de programas y subprogramas del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) deberán adelantarse mediante Acuerdo Municipal. Es decir, la propuesta no le permitiría a la Administración cambiar libremente la destinación de los recursos ni modificar por su cuenta esos componentes del plan de inversiones

¿Para qué se necesita esta facultad si ya existe el artículo 34?

Otro elemento que merece explicación está en el artículo 34 del mismo proyecto. Allí se establece que la Secretaría de Hacienda podrá realizar, mediante resolución motivada, traslados presupuestales entre rubros del mismo tipo de gasto, bajo determinados requisitos y conservando la destinación definida por el Concejo.

La existencia de ambas disposiciones deja una pregunta para la Administración: ¿qué facultades adicionales busca obtener con el artículo 12 si el artículo 34 ya contempla un mecanismo para realizar traslados presupuestales?

La Secretaría de Hacienda deberá precisar qué operaciones quedarían cobijadas por cada artículo, cuál sería el alcance real de la autorización solicitada y en qué casos seguiría siendo necesaria la aprobación de los concejales. 

El año electoral aumenta la discusión política

La facultad solicitada tendría vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, año en el que se realizarán las elecciones territoriales, previstas para el 31 de octubre.

Este contexto hace que la discusión vaya más allá de un procedimiento administrativo. Los traslados presupuestales pueden incidir en la distribución de recursos y en las prioridades de inversión de la ciudad. Por eso, resulta relevante establecer qué margen de maniobra tendría la Alcaldía y qué mecanismos de seguimiento conservaría el Concejo durante ese periodo.

Un antecedente jurídico para revisar

La discusión también tiene un referente en la Sentencia C-036 de 2023, en la que la Corte Constitucional examinó la delegación de facultades presupuestales de las asambleas departamentales a los gobernadores.

En esa decisión, la Corte recordó que las corporaciones públicas de elección popular tienen competencias en la aprobación y modificación de los presupuestos y que esas atribuciones no pueden vaciarse mediante delegaciones amplias al Ejecutivo.

Aunque el fallo no estudió específicamente el artículo propuesto para Ibagué, sí plantea criterios jurídicos que deben tenerse en cuenta al analizar hasta dónde puede llegar una autorización de este tipo. La discusión, por tanto, no es solamente política: también requiere claridad sobre los límites legales de las facultades que se pretenden conceder.

La decisión está en manos del Concejo

El presupuesto general de Ibagué para 2027 está proyectado en cerca de $1,7 billones, pero más allá de la cifra global, uno de los asuntos centrales del debate será definir quién tendrá la capacidad de decidir sobre determinados movimientos de esos recursos durante su ejecución.

La Administración deberá explicar por qué considera necesaria esta autorización y qué controles propone para garantizar la transparencia de los traslados. A su vez, los concejales tendrán que evaluar si las condiciones planteadas son suficientes o si es necesario modificar el artículo antes de aprobarlo.

En últimas, la decisión estará en manos del Concejo Municipal: aprobar la facultad solicitada por la Alcaldía, introducirle límites adicionales o dejar por fuera el polémico artículo 12.

¿Será una herramienta para agilizar la ejecución presupuestal o un ‘mico’ que le daría mayor margen de maniobra a la Administración en pleno año electoral? Esa será una de las discusiones más importantes durante el estudio del presupuesto de Ibagué para 2027, que ya inició su debate en plenaria.