“Juegan con la ilusión de la gente”: concejales destapan incumplimientos de constructoras en Ibagué
Los incumplimientos de algunas constructoras en Ibagué volvieron a encender las alarmas. Los concejales William Rosas y Arturo Castillo denunciaron en Econoticias que varios proyectos inmobiliarios siguen acumulando retrasos, obras inconclusas y compromisos pendientes con sus compradores. Los cabildantes advirtieron que miles de ciudadanos estarían afectados y exigieron a la Administración Municipal ejercer mayores controles para evitar que las empresas sigan jugando con el patrimonio y las ilusiones de las familias.
Durante la entrevista, William Rosas puso sobre la mesa los casos de Hábitat de los Andes 103, Carand’u y Lotus, proyectos sobre los que han recibido reclamaciones de las comunidades. El concejal recordó que el Acuerdo Municipal 008 de 2024 les otorgó herramientas a las autoridades para ejercer inspección, vigilancia y control sobre las condiciones técnicas, financieras y jurídicas de estos desarrollos inmobiliarios.
“Hoy la comunidad no está hablando de un centenar, sino de miles de afectados. No podemos esperar que alguna constructora coja vuelo, se vaya y nos deje acá impávidos, mirando hacia el cielo”, advirtió Rosas, al cuestionar la falta de resultados contundentes por parte de las dependencias encargadas de vigilar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
Por su parte, Arturo Castillo aseguró que la ciudad debe revisar primero lo que ya está construido antes de continuar ampliando sus zonas de expansión, pues todavía existen empresas que no han respondido por sus compromisos. También anticipó que en el próximo periodo constitucional buscarán poner sobre la mesa el incumplimiento en la construcción y entrega de andenes.
“Hay mucho que revisar de lo que ya tenemos y no podemos seguir expandiéndonos de manera desaforada y sin ningún control por parte de las secretarías encargadas del tema”, sostuvo Castillo.
Uno de los señalamientos más fuertes estuvo relacionado con las obras que permanecen abandonadas o sin terminar. Rosas mencionó el proyecto Altium San Simón, ubicado en la calle 36 con carrera Sexta, donde, según explicó, pese a que se devolvió el dinero a los compradores, el abandono de la construcción habría generado problemas de salud pública por la acumulación de agua. También cuestionó la situación del proyecto DAF, en el sector de Belén, y las dificultades que persisten en otros desarrollos inmobiliarios.
“Tenemos constructoras irresponsables que llevan ya nueve años incumpliéndoles a estos compradores de vivienda”, afirmó el cabildante, quien además cuestionó que algunos proyectos sigan sin entregar zonas comunes, sistemas de control de incendios, canchas y otros espacios comprometidos con los residentes.
En cuanto a las responsabilidades institucionales, Rosas señaló que la competencia de inspección y vigilancia fue asignada a una dirección adscrita a la Secretaría de Gobierno, pero consideró que la inestabilidad en la cabeza de esa dependencia ha dificultado la continuidad de los controles. Por ello, insistió en que la Alcaldía debe actuar antes de que las constructoras abandonen definitivamente sus proyectos y dejen a los compradores sin respuestas.
Los concejales también se refirieron a las herramientas jurídicas disponibles para los afectados. Rosas explicó que el Acuerdo 008 de 2024 permite adelantar actuaciones de inspección y vigilancia y contempla mecanismos para intervenir cuando se configuren incumplimientos. Castillo, por su parte, aseguró que las actuaciones frente a casos como Prabyc y Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros S.A.S. han permitido resolver algunas reclamaciones de compradores, aunque reconoció que todavía queda mucho por hacer.
La discusión también alcanzó a las curadurías urbanas y a la falta de claridad sobre las competencias de las dependencias municipales en materia de control urbano. Rosas anunció que considera necesario impulsar un nuevo proyecto de acuerdo que permita establecer herramientas administrativas más precisas para vigilar las construcciones y evitar que las obligaciones con los compradores queden sujetas a plazos indefinidos.
Pero los cuestionamientos no terminaron allí. Al cierre de la entrevista, Rosas volvió a poner sobre la mesa otro problema que afecta el paisaje urbano de Ibagué: la maraña de cables que atraviesa calles y avenidas, pese a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial que contemplan la subterranización de redes.
“Artículo 189 y 190 del POT, obligación de las empresas de servicios públicos. No lo cumplen. Alguien tiene que hacerlo cumplir”, reclamó Rosas. Castillo respaldó el planteamiento y anunció que ambos concejales contemplan presentar un proyecto de acuerdo para reglamentar esta obligación y exigirles a las empresas que avancen en la subterranización.
