La abogada Catalina Mesa, directora de la Fundación Somos Más y directora de Derecho Penal, anunció en Econoticias que interpondrá una acción de tutela para exigir garantías para las familias en condición de vulnerabilidad que habitan en Villa Resistencia, en Ibagué, ante el desalojo previsto en este sector.

Durante la entrevista, Mesa recordó que existe una decisión judicial que ordena recuperar el terreno, confirmada por el Consejo de Estado tras revisar la determinación del Tribunal Administrativo del Tolima. Sin embargo, señaló que las autoridades también deben realizar un censo pormenorizado y caracterizado de la población, con el fin de identificar a quienes requieren atención especial y establecer medidas para proteger sus derechos fundamentales.

La abogada sostuvo que la intervención no debe desconocer la situación de los niños, adultos mayores, madres cabeza de hogar y otras personas que, según indicó, permanecen allí por sus condiciones económicas. También reconoció los problemas de seguridad que afectan a Villa Resistencia y pidió que la Policía y la Fiscalía investiguen e individualicen a quienes estarían involucrados en actividades de microtráfico y otros delitos.

“Yo no estoy defendiendo la delincuencia, tampoco estoy pidiendo que se incumpla una decisión judicial”, afirmó Mesa, quien explicó que la tutela busca que el desalojo se adelante sin desconocer los derechos de las familias que no están vinculadas a actividades delictivas y que necesitan una respuesta institucional frente a su situación habitacional.

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La directora de la Fundación Somos Más aseguró que, después de aproximadamente cuatro años de acompañamiento a esta población, todavía no conoce una ruta institucional concreta que garantice la reubicación de las familias que sean identificadas como vulnerables. Según relató, en una respuesta a un derecho de petición, la Alcaldía había señalado que trabajaba en la formulación de dicha ruta.

Mesa cuestionó que se anuncie una fecha para recuperar el terreno sin que, a su juicio, esté definida la atención que recibirán las personas que no tienen otro lugar donde vivir. Advirtió, además, que la falta de alternativas podría generar tensiones durante el procedimiento y derivar en lesiones u otras situaciones graves. Por ello, insistió en que las autoridades deben actuar con previsión y garantizar un tratamiento diferenciado para la población que lo requiera.

“Más allá de lo jurídico también tenemos que ver es qué va a pasar en el mismo momento del acto del desalojo, eso puede ser una reacción civil bastante agresiva (...) lo que puede pasar en ese mismo acto de desalojo, cuando aquellos jóvenes vean que a sus abuelos los sacan, pues es que esto es una reacción muy agresiva, cuando vean a aquellos papás que sus niños van a quedar en la calle”, aseguró.

Finalmente, aclaró que la acción de tutela no pretende detener el desalojo ni impedir la recuperación del terreno, sino exigir que la decisión judicial se cumpla integralmente y que, al mismo tiempo, se establezcan respuestas para las familias en condiciones de pobreza extrema que necesiten medidas de protección y reubicación. Según indicó, la acción sería presentada con carácter urgente.