Las sombras del megacontratista Fudación IMX en la Secretaría de Desarrollo Social de Ibagué
Un año le bastó a la secretaria de Desarrollo Social de Ibagué, Claudia Aristizábal, para que incrementara las cuentas de las personas detrás de la cuestionada Fundación IMIX.
En una adición presupuestal y en un contrato dudoso que contó con la bendición de Aristizábal, cerca de $3.249 millones fueron entregados a la fundación, entidad representada legalmente por la afortunada Eugenia Victoria Rojas de Bahamón.
Adición
El detallazo de la exgerente de RCN en el Tolima con el megacontratista de la Alcaldía de Ibagué pasa por una generosa adición presupuestal que rozó el límite máximo absoluto permitido por la ley.
Se trata de una adición por $2.399 millones, cifra que equivale exactamente al 49,99 % del valor inicial del contrato para la prestación de servicios integrales en los Centros Día Vida de la ciudad.
Ese porcentaje corresponde al límite máximo permitido por la Ley 80 de 1993 para modificaciones presupuestales sin necesidad de abrir un nuevo proceso de selección pública.
La adición fue aprobada el 12 de mayo de 2026, apenas un día después de que el contrato superara su tercera suspensión operativa.
Esa secuencia temporal llama la atención porque el servicio apenas había sido reactivado tras una interrupción causada por fallas en la infraestructura de las cocinas, donde se detectaron problemas en estufas, fugas de gas y la necesidad de intervenciones técnicas de emergencia.
El contrato tampoco tuvo una ejecución fluida.
La primera fue solicitada el 23 de diciembre de 2025, argumentando una disminución en la asistencia de los adultos mayores durante la temporada decembrina, debido a viajes y actividades familiares. La Alcaldía autorizó la suspensión entre el 26 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026.
La segunda llegó en marzo de 2026, cuando el contratista reportó obstrucciones, acumulación de residuos y posibles fallas en el sistema de alcantarillado de los Centros Día-Vida La Cima, Popular e Industrial. Se suspendieron las actividades durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, para realizar labores de limpieza, desobstrucción y reparación.
Y la tercera fue solicitada el 6 de mayo de 2026, esta vez por problemas en los equipos e instalaciones de las cocinas.
La cadena de interrupciones resulta llamativa porque un día después de superada esta tercera suspensión, el 12 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Social aprobó una adición de $2.399 millones al contrato.
Las dudas
A su vez, un contrato por $850 millones suscrito este año por la Secretaría de Desarrollo Social de Ibagué con la Fundación IMIX volvió a quedar bajo la lupa.
El primer punto de alerta está relacionado con las exigencias de infraestructura incluidas en el contrato, donde se solicita a los interesados contar con una sede física en Ibagué con capacidad instalada para atender a 150 personas, acondicionada para servicios de psicología, fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional y equinoterapia, incluyendo la disponibilidad de al menos tres equinos con certificación veterinaria.
De acuerdo con una fuente consultada, este tipo de requisito puede convertirse en una barrera de entrada en los procesos de contratación pública, al condicionar la participación a la existencia previa de una infraestructura específica.
El segundo elemento señalado surge del análisis comparativo entre este proceso y un contrato similar del año anterior por $1.030 millones, donde se evidencian cambios en los requisitos del equipo profesional.
Aunque el objeto del contrato entre 2025 y 2026 se mantiene idéntico, en cinco de esos perfiles se registran modificaciones sustanciales en los requisitos de formación y experiencia.
Entre los cambios más relevantes está el del coordinador de proyecto, donde en 2025 se exigía un profesional en Trabajo Social con especialización en procesos psicosociales, mientras que en 2026 se amplía el perfil al permitir Psicología como pregrado, pero se eleva el nivel de formación al exigir maestría en dirección de establecimientos educativos.
En el caso del fisioterapeuta, el requisito pasa de una maestría en neurorehabilitación a una especialización en discapacidad, mientras que en el terapeuta ocupacional se flexibiliza la especialización en infantes a solo especialización, pero se incrementa la experiencia exigida de 4 a 7 años.
Ello resultaría por lo menos sospechoso pues, según otra fuente, nunca se pueden desmejorar las condiciones requeridas al personal de un contrato a otro. Es decir, no se puede pasar de pedir una maestría a una especialización.
El perfil del fonoaudiólogo también cambia al aumentar la experiencia mínima de 4 a 6 años, y en el caso del nutricionista se incorpora como requisito adicional una especialización, además del registro RETHUS y el pregrado.
Así, los requisitos del personal habrían terminado ajustándose de manera precisa a las condiciones de la Fundación IMIX.
Este medio buscó en tres oportunidades a la secretaria de Desarrollo Social de Ibagué, Claudia Aristizábal, sin siquiera obtener respuesta al saludo.
