El desconocido agarrón entre la Alcaldía de Aranda con contratista por daños en millonaria obra
Un nuevo pleito enfrenta a la Alcaldía de Ibagué de Johana Aranda con una empresa que se encargó de la construcción del Parque Sacudete de la comuna Tres.
Se trata de Constructora S.A.S., que presentó ante el Tribunal Administrativo del Tolima una demanda contra la Secretaría de Infraestructura de Ibagué por una millonaria suma.
El contrato, suscrito el 23 de marzo del 2022 en la Alcaldía de Andrés Hurtado, tenía como objeto realizar los estudios, diseños y construcción del proyecto Sacúdete al Parque. El valor final ejecutado fue de $2.806 millones.
Según la demanda, la constructora ejecutó el 100 % de las actividades contractuales y la obra fue recibida formalmente por la interventoría, la Secretaría de Infraestructura y el Ministerio del Interior durante 2024 en el Gobierno Aranda.
Sin embargo, el conflicto surgió después de que la obra ya había sido entregada.
La constructora asegura que, pese a que el escenario se encontraba terminado y en funcionamiento, la Alcaldía declaró la ocurrencia de un siniestro de estabilidad y calidad de bienes y tasó los presuntos perjuicios en $1.143 millones.
La constructora considera que la cuantificación del supuesto daño presenta serios cuestionamientos técnicos.
De acuerdo con la demanda, el Municipio incluyó dentro de la reclamación la reparación de 50 barandas y 20 zonas de grama sintética, mientras que los registros fotográficos que reposaban en el expediente, según la empresa, solo demostrarían daños en una baranda y una zona de grama.
Además, dentro de la tasación se habría incluido un 5 % de utilidad, equivalente a $43,9 millones, pese a que, según su argumento jurídico, la póliza tiene una finalidad indemnizatoria y no puede convertirse en una fuente de enriquecimiento para la Alcaldía Aranda.
La constructora dice que los daños fueron reparados
Otro de los argumentos centrales de la demanda apunta al mantenimiento de la infraestructura.
La empresa señala que el 22 de mayo de 2025 la interventoría había formulado observaciones de mantenimiento y que parte del deterioro obedecía a la falta de mantenimiento que estaba a cargo de la Secretaría de Infraestructura desde el recibo de la obra.
Posteriormente, el 19 de julio de 2025, contratista e interventoría suscribieron un acta en la que dejaron constancia de que las observaciones y mantenimientos requeridos habían sido subsanados.
La particularidad está en que la resolución que declaró el siniestro fue expedida apenas tres días después del acta de subsanación del 19 de julio, el 22 de julio de 2025.
¿Qué pasó con la cancha de tenis?
Uno de los puntos técnicos más relevantes de la controversia está relacionado con el agrietamiento de la cancha de tenis.
La constructora sostiene que las afectaciones se deben a un árbol ubicado aproximadamente a tres metros de la estructura, además del uso de la infraestructura y la falta de mantenimiento.
De acuerdo con la demanda, estos factores serían ajenos a una eventual deficiencia constructiva o a la calidad de los materiales utilizados.
La empresa afirma que dos profesionales consultados concluyeron que el agrietamiento y fisuramiento de la cancha obedecían al crecimiento y empuje de las raíces del árbol y no a problemas de construcción.
La demanda también contiene un señalamiento particularmente delicado: la empresa cuestiona que algunas de las personas que participaron en la supervisión, interventoría, aprobación y recibo de la obra posteriormente intervinieran en actuaciones relacionadas con la declaratoria del siniestro.
Entre los nombres mencionados está Marcos Matheus Saavedra, quien, según la demanda, fue supervisor del contrato y posteriormente, como secretario de Infraestructura, expidió la resolución que declaró el siniestro.
¿Qué pide la empresa?
Así, la constructora solicita el pago de los perjuicios que, según afirma, le habría ocasionado la decisión de la Alcaldía Aranda.
La propia demanda fija como cuantía del proceso $1.143 millones, correspondiente al valor de la declaratoria de siniestro que la empresa busca controvertir.
