Una reforma a la estructura del IBAL que viene siendo analizada por la administración de la alcaldesa Johana Aranda y el gerente Roberto Santofimio podría generar un remezón en la forma como funciona la empresa de acueducto y alcantarillado de los ibaguereños.

Aunque todavía no se ha presentado oficialmente una propuesta para ampliar la planta de personal, los cambios que se estudian sí modificarían la distribución de funciones y el poder de decisión entre los directores y los líderes de las diferentes áreas.

De 22 a más de 300 funcionarios de planta

La estructura de la empresa ha crecido considerablemente durante las últimas administraciones. Antes de 2013, el IBAL tenía alrededor de 22 cargos de planta. Durante la administración de Luis H. Rodríguez, esa cifra llegó a 247 funcionarios y, posteriormente, durante la gerencia de José Alberto Girón, en el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, la planta alcanzó los 318 empleados en 2017, además de 18 cargos de libre nombramiento y remoción.

Actualmente, buena parte de la operación está en manos de 14 líderes o jefes de área, funcionarios de planta que tienen bajo su responsabilidad temas financieros, comerciales, de planeación, sistemas, cartera, facturación, acueducto, alcantarillado, control de pérdidas y calidad, entre otros.

Son trabajadores que han permanecido en la empresa durante diferentes administraciones y que han acumulado conocimiento sobre su funcionamiento.

Por encima de ellos están cinco direcciones: Administrativa y Financiera, Comercial, Planeación, Operativa y Crecimiento Corporativo, esta última fue creada durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo y es precisamente una dependencia que no se le conoce funcionamiento alguno.

El cambio que genera preocupación

La propuesta que se estaría estudiando busca fortalecer las funciones de los directores para que tengan mayor capacidad de dirección, coordinación y supervisión sobre las diferentes áreas.

El problema está en que estos cargos son de libre nombramiento y remoción, mientras que los líderes hacen parte de la planta de la empresa y tienen una mayor estabilidad.

De acuerdo con información conocida, algunos de los cambios contemplados modificarían las funciones de los líderes. Responsabilidades asociadas actualmente con dirigir, proyectar o gerenciar pasarían a concentrarse en los directores, mientras que los jefes de área asumirían funciones más relacionadas con gestionar, organizar, estructurar y elaborar.

Esto podría terminar reduciendo el margen de decisión de quienes durante años han sostenido buena parte de la operación del IBAL y trasladándolo a funcionarios que pueden cambiar con cada administración.

La intención de empoderar a los directores podría tener sentido desde el punto de vista administrativo, pero genera dudas sobre la estabilidad de una empresa en la que sus principales cargos directivos pueden ser modificados con el cambio de gobierno.

Una estructura que también cuesta

La discusión tiene además un componente económico; el IBAL cuenta actualmente con cinco direcciones, 14 liderazgos de área y la gerencia general. Cada uno de los cargos de director representa un costo superior a los 16 millones de pesos mensuales, incluyendo las prestaciones sociales.

Incluso se habría presentado una propuesta para aumentar la remuneración del gerente y los directores y llevarla a niveles similares a los de algunos secretarios de despacho de la Alcaldía, iniciativa que no habría sido respaldada por la alcaldesa.

En medio de este debate surge una alternativa que también podría ser analizada, reducir la estructura directiva y concentrar parte de esas funciones en una subgerencia, en lugar de mantener cinco direcciones con cargos de libre nombramiento y remoción.

La discusión, por tanto, no solamente está relacionada con quién tendrá mayores funciones, sino con cuánto le cuesta al IBAL mantener esta estructura y si existen modelos más austeros para administrar la empresa.

Los sindicatos también están en alerta

Los cinco sindicatos del IBAL permanecen expectantes frente a los cambios que se estarían preparando y buscan conocer directamente de la administración cuál será el alcance de la reforma.

Según conoció Econoticias, las organizaciones sindicales han intentado reunirse con Johana Aranda y Roberto Santofimio, pero hasta ahora no habrían sido atendidas.

El proceso tiene además un punto clave, antes de que una propuesta de este tipo llegue a la Junta Directiva, debe surtirse el trámite correspondiente ante el Comité de Personal, donde tienen participación los sindicatos.

Esto significa que los trabajadores tendrán un papel importante en la discusión sobre el futuro de la estructura de la empresa.

¿Y después vendría una ampliación de la planta?

Uno de los mayores temores dentro del IBAL es que esta reforma pueda convertirse posteriormente en el punto de partida para una nueva ampliación de la planta de personal.

Incluso se habla internamente de la posibilidad de crear entre 20 y 30 nuevos cargos, aunque por ahora no existe una propuesta oficial aprobada que confirme esa ampliación.

La preocupación aumenta porque el sector de los servicios públicos atraviesa un escenario de presión sobre sus ingresos y, según pudo establecer Econoticias el recaudo del IBAL habría disminuido el último año.

En ese contexto, una eventual ampliación de la planta tendría que ser analizada con especial cuidado.

La discusión, entonces, no es solamente sobre un nuevo organigrama, se trata de establecer si los cambios realmente permitirán que el IBAL funcione de manera más eficiente o si terminarán fortaleciendo una estructura de cargos transitorios mientras se reduce el poder de los funcionarios de planta que conocen desde hace años la empresa.

Y si después de esta reforma viene una ampliación de la planta, habrá otra pregunta inevitable para la administración de Johana Aranda, ¿por qué aumentar los costos de una empresa cuyos ingresos y recaudo estarían bajo presión?