El puente prometido y nunca terminado: Las viejas promesas políticas vuelven a perseguir obra rural en El Salado
La polémica volvió a estallar luego de que la Veeduría Puente Vehicular La Esperanza denunciara ante Personería, Contraloría y Alcaldía de Ibagué el presunto incumplimiento de dos fallos judiciales relacionados con la construcción del puente vehicular y la rehabilitación de la vía rural que conecta a las veredas La Esperanza y Carrizales, en el corregimiento 13 El Salado.
Según la comunidad, aunque existe un contrato firmado para ejecutar la obra, este permanece suspendido desde diciembre de 2025. La situación genera indignación entre los habitantes, quienes aseguran que el proyecto viene siendo anunciado desde la administración del exalcalde Andrés Hurtado sin resultados visibles en el territorio.
Las alertas sobre el deterioro del puente no son nuevas. En marzo de 2025, líderes comunitarios denunciaron públicamente que la estructura presentaba socavación, desniveles y riesgo de colapso. En ese momento, Rubén Darío Calderón, integrante de la veeduría Veemovil, afirmó que el puente estaba “a punto de colapsar” y cuestionó la falta de respuesta de la Administración Municipal frente a las observaciones hechas desde 2023 sobre el proceso contractual y la interventoría.
Pero el problema viene de más atrás. En abril de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué ordenó al Municipio reemplazar totalmente el puente tras una acción popular impulsada por la Personería Municipal, luego de evidenciar fallas estructurales, erosión y socavación sobre la estructura ubicada en el paso entre La Esperanza y Carrizales.
Meses después, en septiembre de 2023, la Alcaldía anunció una inversión superior a los $1.400 millones para recuperar el puente, asegurando que la obra sería adjudicada y ejecutada en un plazo cercano a cuatro meses. Incluso se presentaron estudios, diseños y procesos de licitación para la construcción de la nueva estructura vehicular.
Sin embargo, para la comunidad, las promesas quedaron atrapadas entre trámites y anuncios oficiales. Los habitantes sostienen que el puente sigue representando un riesgo diario para campesinos, estudiantes y productores agrícolas que dependen de esta conexión vial para movilizarse hacia El Salado y otras zonas rurales de Ibagué.
Ahora, la veeduría insiste en que no solo existe un incumplimiento administrativo, sino también un posible desacato judicial. En el documento enviado a las autoridades, los líderes rurales pidieron una mesa de trabajo urgente y reclamaron mayor presencia de los organismos de control para verificar por qué, pese a las órdenes judiciales y procesos contractuales adelantados, la obra continúa sin solución definitiva.
La controversia vuelve a golpear a una obra que durante años fue presentada como una prioridad para la zona rural de Ibagué, pero que hoy sigue convertida en símbolo de retrasos, inconformidad ciudadana y promesas incumplidas.
