Un ciudadano denunció un incremento considerable en su impuesto predial y la falta de respuestas oportunas por parte de la administración municipal, situación que lo llevó incluso a acudir a instancias judiciales. 

Según relató, el valor del tributo pasó de $687.000 el año anterior a $1.095.000 en la presente vigencia, lo que calificó como desproporcionado frente a las condiciones reales de su predio.

Ante esta situación, indicó que el 9 de febrero radicó un derecho de petición dirigido a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección de Catastro, sin obtener respuesta dentro de los tiempos legales. 

Esto lo obligó a interponer una acción de tutela, que fue fallada a su favor, ordenando a la administración emitir una contestación de fondo.

Sin embargo, aseguró que la respuesta recibida el 27 de marzo no resolvió su situación, ya que Hacienda atribuyó la responsabilidad del avalúo a la autoridad catastral, recomendándole gestionar directamente ante esa entidad. 

Siguiendo esa instrucción, el ciudadano radicó una solicitud de revisión, la cual hasta el momento no ha sido respondida.

“El ciudadano tiene que asumir las consecuencias de un impuesto inflado y de los malos procedimientos administrativos, mientras las entidades se trasladan la responsabilidad”, cuestionó.

Finalmente, advirtió que el tiempo juega en su contra, ya que el próximo 30 de abril vence el plazo para acceder a un descuento del 15% en el pago del impuesto. De no recibir una respuesta antes de esa fecha, perdería el beneficio, lo que agrava su situación económica y aumenta la preocupación por la falta de eficiencia en la atención institucional.