Desapercibido informe de la CGR alertó sobre problemas en la USI meses antes de su intervención
Meses antes de que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera la Unidad de Salud de Ibagué (USI–E.S.E.), un extenso y contundente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ya había advertido profundas irregularidades en el manejo de los recursos de salud del municipio. (Ver más: Sorpresiva intervención de la SuperSalud a la USI de Ibagué)
La auditoría, que evaluó la gestión financiera, presupuestal, contable, contractual y administrativa del Fondo Local de Salud de Ibagué durante las vigencias 2023 y 2024, revisó recursos por $844.794 millones, provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), ADRES, transferencias departamentales, Coljuegos, crédito y recursos propios.
El resultado fue una situación lapidaria para la entidad en el último año de gobierno de Andrés Hurtado y el primero de Johana Aranda.
El informe identificó múltiples hallazgos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, relacionados principalmente con la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).
Uno de los hallazgos más graves recayó sobre el Contrato Interadministrativo 2503 de 2022, suscrito entre la Secretaría de Salud y la USI para ejecutar el PIC.
La Contraloría estableció un presunto daño fiscal por $237.161 millones, derivado de pagos que no contaban con soportes contractuales ni evidencia de ejecución, así como presuntos sobrecostos en el pago de talento humano subcontratado.
A pesar de las explicaciones entregadas por la Secretaría y la USI, el organismo de control ratificó el detrimento patrimonial y ordenó el traslado disciplinario correspondiente.
A este caso se sumó el Contrato Interadministrativo 2071 de 2023, ejecutado con la IPS indígena The Wala, donde se detectó el pago de elementos que nunca fueron entregados, específicamente 6.040 unidades de hidratación incluidas dentro del PIC 2023.
El daño fiscal fue tasado en $15 millones, nuevamente por aparentes fallas en la supervisión y control del uso de los recursos públicos.
El informe también reveló deficiencias estructurales en la planeación y ejecución del PIC, con contratos firmados de manera tardía, ejecución parcial de las actividades y pagos realizados meses después de vencidos los plazos contractuales.
En el caso del PIC 2022, la ejecución financiera apenas alcanzó el 68%, mientras que el convenio no había sido liquidado a mayo de 2025, más de dos años después de su finalización.
Para las vigencias 2023 y 2024, el organismo de control también cuestionó la inoportunidad en la contratación del PIC, con procesos que superaron hasta en siete meses los plazos fijados por el Ministerio de Salud, afectando la continuidad y calidad de las intervenciones en salud pública.
A estos hallazgos se sumó un grave error en la liquidación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado, con pagos indebidos a personas fallecidas, pensionadas, privadas de la libertad o pertenecientes a regímenes especiales.
La Contraloría concluyó que las fallas obedecieron a deficiencias sistemáticas de control interno, supervisión contractual y gestión administrativa, y ordenó el traslado de varios hallazgos a la Oficina de Control Disciplinario del Municipio, la Superintendencia de Salud y la ADRES.
Pese a la contundencia del informe, sus alertas pasaron prácticamente inadvertidas en el debate público.
Hoy, tras la intervención de la USI por parte de la Supersalud, el documento cobra especial relevancia al evidenciar que los problemas financieros, administrativos y de control venían siendo advertidos desde meses atrás.
