El concejal William Rosas, del partido Alianza Verde, puso “el dedo en la llaga” tras cuestionar en sus redes sociales la falta de aplicación de la ley que excluye del pago de predial a los templos religiosos.

“La ley 20 de 1974 es clara, los templos y sedes dedicadas al culto deben estar excluidos, no exonerados. Lo que pasa es que el Estatuto Tributario de Ibagué (Acuerdo 015 de 2021) genera confusión y deja esa decisión a voluntad de cada administración”, señaló Rosas.

El cabildante explicó que, aunque existen acuerdos municipales que otorgan exoneraciones por periodos de hasta diez años, la ley nacional establece una exclusión permanente, lo que significa que el beneficio no debería depender de la decisión política del momento.

Por su parte, monseñor Gustavo Vásquez, vicario general de la Arquidiócesis de Ibagué y rector del Colegio Tolimense, respaldó el llamado del concejal.

Recordó que desde hace años la Iglesia Católica sufre embargos y cobros por parte del municipio, pese a que el concordato de 1974 entre la Santa Sede y el Estado colombiano los ampara.

“Hemos tenido cuentas embargadas en parroquias como Nuestra Señora de Lourdes, María Reina o el Perfecto Socorro. Todo por la falta de acatamiento al concordato. En otros municipios del país la ley se cumple y no tenemos estos problemas”, denunció.

El religioso también explicó que los bienes exentos son únicamente los templos, las casas curales, el seminario, la curia y la casa episcopal. Otros inmuebles, como apartamentos o locales arrendados, sí pagan impuesto predial.

“No pedimos privilegios, pedimos que se respete la ley. Las ofrendas con las que vivimos provienen de fieles que ya tributan al Estado”, aclaró.

Rosas coincidió en que el tema debe resolverse pronto para evitar demandas judiciales: "Esto no se trata de religión, sino de justicia y legalidad. Debemos excluir del predial a los templos de todas las religiones que profesen la fe, sin privilegios, como lo establece la Constitución de 1991 en un Estado laico”, afirmó el concejal.

El debate también dejó ver las diferencias entre exclusión y exoneración, dos figuras tributarias que han generado confusión en los últimos años. Mientras la exclusión es un derecho consagrado por ley, la exoneración depende de acuerdos municipales y puede tener vigencia limitada.

Según monseñor Vásquez, la deuda acumulada por concepto de impuesto predial en algunas parroquias de Ibagué supera los 400 millones de pesos, solo en casos como el de la parroquia de Belén.

“Pedimos diálogo con la alcaldía y el Concejo para resolver esta situación sin llegar a los tribunales. La Iglesia siempre ha estado abierta a conversar”, expresó.

Finalmente, coincidieron en que el tema debe abordarse con serenidad y transparencia, dejando claro que la fe no puede convertirse en motivo de sanción tributaria, pero tampoco en excusa para eludir las responsabilidades legales.

¿Deben las iglesias pagar predial o ser excluidas por ley? Por ahora, la pelota está en manos de la Alcaldía de Ibagué y el Concejo Municipal.