“Que suspendan la planta de la muerte”: veedor denuncia riesgo sanitario en Arboleda Campestre

Henry Cortés Ortegón, integrante del colectivo Social Memorial Ciudadanos y representante de la Unión de Veedurías de Agua Potable por Ibagué (UBA PAPI), denunció graves irregularidades en el manejo del agua que se suministra en el sector de Arboleda del Campestre. Sus declaraciones se dan luego del reciente fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, que ordenó a la alcaldesa Johana Aranda pronunciarse sobre las denuncias de contaminación.
Cortés explicó que la acción judicial surgió después de advertir al nuevo gerente del IBAL, Roberto Santofimio, sobre presuntos delitos en la operación de la planta de tratamiento del sector. Indicó que estudios de la Universidad Nacional habrían confirmado la presencia de aguas residuales provenientes del hospital Federico Lleras, las cuales se estarían mezclando con el suministro destinado al consumo humano.
Según el veedor, el mapa de riesgo fue elaborado de manera extemporánea, tres años después de que la planta empezó a funcionar, y contendría información que no corresponde a la realidad. También señaló que la juez le recordó a la mandataria local que tiene competencia para coordinar las acciones de todas las dependencias involucradas en la gestión de esta problemática, entre ellas las secretarías de Salud, Planeación y Gestión del Riesgo.
“Le advertimos al señor Roberto Santofimio de la gravedad de los hechos, para que tome acciones. Porque falsearon el mapa de riesgo, y lo tenemos suficientemente probado, un mapa de riesgo que fue hecho extemporáneamente, y tres años después de estar funcionando esa planta, entonces, es que aparecen con un mapa de riesgo, con unos análisis de laboratorio en Alquim, que sí son efectivos, pero que fueron falseados,” señaló Cortés.
El representante del colectivo advirtió que la situación constituye un riesgo para la salud de más de 10.000 habitantes del sector y afirmó que, de acuerdo con expertos de las universidades del Valle y del Tolima, el agua tratada en la planta no cumple las condiciones mínimas de potabilidad. Sostuvo que la comunidad considera que en el lugar se está cometiendo un delito de lesa humanidad y exigió que se suspenda el funcionamiento de la planta de Arboleda del Campestre.
“Entonces, si tiene un poco de respeto por la comunidad de los más de 500.000 habitantes de la ciudad, y principalmente aquí en Arboleda del Campestre, donde se está cometiendo un delito de lesa humanidad, entonces, que suspendan la planta de Arboleda del Campestre, la planta de la muerte, designada así por expertos de la Universidad del Valle, que conocen la problemática”, enfatizó.
Cortés también informó que se han reportado casos de afecciones cutáneas y gastrointestinales entre los residentes, algunos de los cuales habrían requerido atención en unidades de cuidados intensivos. Asimismo, cuestionó los reportes del IBAL y de la Superintendencia de Servicios Públicos, en los que se asegura que el agua cumple con los parámetros de calidad establecidos, señalando que las pruebas realizadas son insuficientes y no incluyen el análisis del agua cruda.
El veedor insistió en la necesidad de que la Alcaldía de Ibagué cumpla la orden judicial y actúe frente a lo que denominó una crisis de salud pública en la zona. Afirmó que, de no tomarse medidas, se estaría validando un procedimiento que pone en riesgo la vida de la población, al tratar como potable un recurso que proviene de aguas residuales.
“Esperamos que la alcaldesa cumpla la orden, y esperamos que cierre la planta de la muerte, la planta donde reciclan agua de alcantarilla, porque si estamos equivocados, entonces han hecho un logro para la humanidad, lograr reciclar agua de alcantarilla para el consumo humano”, concluyó.