El polémico caso de la locutora y contratista de la Alcaldía de Ibagué, Silvana Zapata, señalada de adeudar presuntamente cinco meses de arriendo y de negarse a entregar un apartamento en un reconocido conjunto residencial de la zona norte de la ciudad, abrió el debate sobre la importancia de los contratos de arrendamiento en Colombia.

Ante el hecho, Anyelo Lemus, representante de Leggal Abogados, advirtió que muchos propietarios en Ibagué, por confianza o costumbre, no suscriben contratos de arrendamiento, lo que termina dificultando los procesos legales cuando se presenta un incumplimiento.

“La restitución de un inmueble arrendado ocurre cuando el arrendador le solicita al arrendatario devolver el bien por vencimiento del plazo o incumplimiento del contrato. Allí la norma permite que se recupere el inmueble, pero si no existe un contrato escrito, los procesos se vuelven más complejos”, explicó Lemus.

De acuerdo con el abogado, el Código General del Proceso contempla mecanismos como la prueba extraprocesal mediante interrogatorio, que permite configurar la relación contractual y luego accionar judicialmente. Sin embargo, advirtió que los procesos pueden tardar entre 4 y 8 meses si cuentan con medida cautelar, o incluso llegar a dos o tres años cuando se debe esperar una sentencia.

Lemus también recordó que la ley establece que, si el arrendatario no está al día en el pago de los cánones, pierde el derecho a ser escuchado dentro del proceso, lo que facilita a los jueces agilizar los trámites.

No obstante, señaló que la falta de conocimiento o los costos de contratar abogados hacen que muchos arrendadores recurran a centros de conciliación o medidas poco efectivas, mientras algunos arrendatarios “mañosos” buscan asesoría legal para evadir sus obligaciones.

“Lo más importante para cualquier arrendador en Colombia es suscribir siempre un contrato de arrendamiento. Ese documento garantiza trazabilidad y otorga herramientas para actuar de manera pronta y efectiva en caso de incumplimiento”, enfatizó el representante de Leggal Abogados.

Finalmente, recordó que el impacto de estos conflictos va más allá de lo jurídico, pues muchos propietarios dependen del canon de arrendamiento para pagar créditos de vivienda y, en algunos casos, también se presentan incumplimientos en el pago de cuotas de administración, lo que acarrea consecuencias legales adicionales.