La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre un contrato de más de $2.157 millones firmado por la Alcaldía de Ibagué para la construcción y mejoramiento de salones comunales, tras detectar presuntas irregularidades en su planeación y ejecución.

El ente de control abrió una indagación previa contra funcionarios aún por determinar, luego de que un informe técnico evidenciara inconsistencias en el presupuesto del contrato y cuestionara los tiempos de inicio de las obras.

Uno de los puntos críticos es el rubro de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), al que se le asignó un 25,19 % del total del contrato. Sin embargo, según la Procuraduría, no se presentó el desglose que permitiera conocer en detalle a qué se destinarían esos recursos, lo cual va en contravía de los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública.

A esto se suma que, aunque el contrato fue legalizado el pasado 5 de enero de 2024, su acta de inicio no se firmó sino hasta el 17 de julio, es decir, seis meses después. Esto, a pesar de que el contrato cuenta con un plazo de ejecución de solo 150 días calendario.

Según advirtió el Provincial de Instrucción de Ibagué, la demora estaría relacionada con la ausencia de permisos clave en el momento de la firma, como el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental necesarios para realizar la tala de árboles prevista dentro del alcance del proyecto.

El proceso investigativo busca establecer si hubo negligencia o falta de planeación por parte de los funcionarios responsables, y si estas omisiones podrían haber puesto en riesgo la correcta ejecución del contrato y el uso eficiente de los recursos públicos.