El Consejo de Estado modificó la sanción impuesta a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, dentro del proceso por desacato de órdenes judiciales relacionadas con la quebrada Hato de la Virgen.

Si bien el alto tribunal concluyó que la orden de reubicación no ha sido cumplida en su totalidad, consideró que la sanción de 20 días de arresto no era ajustada a derecho y la reemplazó por una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

En el análisis del caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo indicó que, pese a que la Alcaldía ha implementado algunas acciones —como campañas ambientales, actos administrativos y reconocimientos de familias en riesgo—, estas no han sido suficientes para cumplir con la reubicación ordenada hace más de una década.

El Consejo de Estado también señaló que la sanción de arresto impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima desconocía el principio de legalidad y no valoraba adecuadamente las gestiones realizadas por la actual administración, la cual solo lleva poco más de un año en ejercicio.

Por estas razones, se revocó la orden de arresto y también la compulsa de copias que había ordenado el Tribunal a la Fiscalía y la Procuraduría.

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El proceso tiene origen en una acción popular presentada en 2001, que buscaba proteger la quebrada Hato de la Virgen y reubicar a las familias asentadas en su ronda hídrica.

A pesar de los fallos judiciales en firme, aún no se concreta la reubicación definitiva.