que el acalde Guillermo Alfonso Jaramillo canceló el contrato de $2.964 millones con el que se pretendía traer a Ibagué a Carlos Vives y Manuel Turizo en el marco del Festival Folclórico Colombiano.

Como muchos analistas lo dedujeron, el mandatario de los ibaguereños decidió desistir del contrato que firmara con la empresaria Carolina Barrios por las diferentes dudas jurídicas que surgieron del mismo, lo que queda por conocer es las consecuencias de esta decisión.

Sobre eso, el abogado advirtió que al momento de conocer la noticia ha venido dialogando con los proveedores que vendrían al concierto con el fin de instaurar la acción correspondiente contra la Administración Municipal.

Espinoza aseguró que el alcalde estableció un contrato, la modalidad en que se celebraría, determinó además las condiciones del contrato, como la fecha, lugar y los artistas que quería para el próximo 28 de junio, celebrando así el contrato el pasado 11 de abril y el cual ya se encontraba en ejecución.

Sin tener en cuenta esos aspectos, el alcalde Jaramillo decidió en las últimas horas no continuar con el contrato “bajo el argumento que él incurrió en serias faltas disciplinarias y penales y en delitos consagrados en el Código Penal”.

Frente a las consecuencias que vendrían contra Carolina Barrios, su abogado expuso que ella es un tercero afectado por la decisión del mandatario local, asegurando que a Barrios se le causó un daño “y si quien causa un daño en Colombia está obligado a resarcirlo, creeríamos que tenemos muchas probabilidades de éxito”, frente a la demanda que piensan instaurar, toda vez que el daño estaría probado en la no culminación del mismo.

“Creemos que al haber ocasionado un perjuicio al contratista, la administración estará obligada a indemnizarla, resarcir ese daño, por lo que haremos las acciones correspondientes, tendremos que probar los daños materiales, perjuicios morales, pero si garantizamos que la acción contra el municipio está”.

 Otro de los aspectos polémicos en la decisión que tomara el alcalde Jaramillo, está que “se inventó un proceso donde nos dice que en dos días opinemos sobre la decisión que ellos ya tomaron”, agregando que “administración lo que está exponiendo es que se siente responsable de todas esas irregularidades” y estaría pidiendo solo una opinión frente a esa situación.

Lo que se había advertido desde que se conoció el contrato por $2.964 millones de las posibles irregularidades, el mandatario debió analizarlas antes de llevar a cabo la firma del mismo, sin embargo, decidió esperar casi un mes para poder suspender el mismo, lo que habría generado una agonía en el contrato.

“El alcalde un día se levantó con ganas de Carlos Vives y ya hoy no lo quiere, es la voluntad del alcalde y nosotros no vamos a controvertir lo que el alcalde quiere”, fue lo que reiteró el abogado en varias oportunidades.

Posibles delitos en la ejecución del contrato

Al hacer público el contrato de Carlos Vives y Manuel Turizo, varios analistas advirtieron que se estaría incurriendo en tres posibles delitos: celebración indebida de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Al respecto, el abogado Ernesto Espinosa explicó el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales lo cometieron al momento de haber firmado el contrato el pasado 11 de abril, así mismo, indicó que en el peculado, quedaría en entredicho porque no se presentó movimientos de recursos.

“Creo que el alcalde lo que le asistió fue un temor, no quiso desembolsar los recursos”, porque los delitos si se cometieron ya estarían consumados porque ya se había legalizado, perfeccionado y ya se tenía un acta de inicio.

Así mismo, Espinosa expuso otro aspecto del contrato y era la polémica sobre el haber suscrito un contrato directo por parte de la Alcaldía Municipal, explicando que el mismo debía hacerse de una forma o licitatoria o directa toda vez que Carlos Vives no podría venir a la ciudad sin tener la logística establecida.

A lo que el mandatario local definió hacerlo directamente, ordenando al secretario de Hacienda firmar el documento que le fuera entregado a Carolina Barrios para comprometer su palabra con los proveedores.

Recordó que el 28 de junio es una fecha de temporada “donde los artistas esperan, muchos de los que iban a prestar los servicios dejaron de prestarlos en Pereira para venir a Ibagué a un evento que ya no va a haber”, correspondiendo eso a cuantiosos perjuicios.        

Perjuicios a Carolina Barrios

Otro aspecto presentado por el abogado Espinosa fueron los daños y perjuicios ocasionados a su representada Carolina Barrios ya que fue ella quien comprometió su nombre para traer a los artistas a la capital tolimense.

Aseguró que el alcalde le entregó un documento a Barrios para reservar la fecha del concierto con Carlos Vives, quien dio la palabra porque confió en que quien dio la firma fue el alcalde de Ibagué.

“Carolina goza de buena reputación en el medio y es poco lo que hemos dormido porque estábamos negociando vía telefónica con los empresarios, manager y proveedores, para llegar a un acuerdo porque ellos tienen un derecho legítimo de reclamar, porque el 28 de junio dejaron de prestar sus servicios en otras ciudades”, advirtió el abogado.

Es por eso que “estamos proponiendo para que hagamos una demanda entre todos porque el que causó el daño fue el municipio”, por lo que “estamos tratando de llegar a ese acuerdo para que Carolina no sea demandada porque ella con qué va pagar si el municipio ni siquiera desembolsó el anticipo”.

Destacando que para la empresaria poder perfeccionar el contrato le exigieron unas pólizas y estampillas debiendo sacar de su bolsillo aproximadamente 800 millones de pesos, lo que se convertirían en sus perjuicios materiales, pero no se debe olvidar “el buen nombre de carolina frente al medio”, concluyó Espinoza.