El concejal Humberto Quintero fue claro al manifestar que las investigaciones que se adelantan en torno a la ejecución de obras de la fase l del Acueducto Complementario también deben estar orientadas hacia los detrimentos patrimoniales que podrían haberse generado como consecuencia de las prórrogas del contratista.

Según el cabildante, Guillermo Alfonso Jaramillo –con la intención  de evitar un escándalo mayor- ha intentado justificar los retrasos con las condiciones climáticas e incluso las mismas vías de hecho a las que han recurrido algunos ciudadanos en medio del ejercicio de la protesta.

“Esa plata es la que tiene que entrar a investigar la Contraloría”, agregó Quintero en relación con las posibles adiciones que se habrían generado al violar los plazos oportunos que se establecieron de manera previa en el calendario de ejecución de obras.

El concejal fue enfático al mencionar que la Administración Municipal debe entregar una relación de costos adicionales producidos en los aplazamientos de la entrega de la obra, e indicar si los recursos serán asumidos por el contratista o saldrán de la cartera del municipio.