Acceder a vivienda propias es uno de los mayores sueños de las familias ibaguereñas y más aquellas de bajos recursos que requieren de un apoyo económico para acceder a un proyecto urbanístico, sin embargo la ciudad atraviesa una difícil situación pues pese a que el Concejo aprobó 10 mil millones de pesos para subsidios, éstos recursos no se han ejecutado y estaría a punto de vencerse la autorización.

El concejal Humberto Quintero, quien ha venido denunciando el tema desde hace varias semanas, explicó que el incumplimiento de la reglamentación del acuerdo 010 del 2017 perjudica los subsidios tanto en zona urbana como rural.

“Se vence el 10 de agosto y no se hizo ninguna gestión ni siquiera por parte de la Gestora Urbana para realizar una investigación sobre las familias que requieren vivienda, cuestioné los tres planes parciales, El Zorro en Picaleña, El Canelo en el sector del País y Santa Cruz en el Parque Deportivo que cuentan con terrenos para vivienda de interés prioritario pero se han convertido en una distracción porque las constructoras requieren que las personas ganen más de un salario mínimo y tengan ingresos fijos”.

Quintero indicó que en el plan parcial del Zorro y Santa Cruz se dan autorizaciones muy expresas y amplias por 30 años sin ningún tipo de reglamentación ante Curadurías para evitar que se siga extendiendo la zona urbana a zona rural y por tanto un control sobre el uso del suelo.

“Estas cargas urbanísticas tienen un costo de más de 68 mil millones y obligatoriamente el ente gubernamental debe llevar redes de alcantarillado y acueducto, con estos proyectos quienes van a salir beneficiados son los constructores y dueños de terrenos porque ya no van a vender por hectáreas sino por metro cuadrado y se enriquecerán más a costa del desgaste público”.

En este sentido el concejal le solicitó a la Personería investigar los decretos que le dieron viabilidad jurídica de Santa Cruz y Canelo pues están a demasiados años con el fin de desarrollar proyectos de vivienda en sectores de alto impacto urbanístico sin un control eficiente.

“De la noche a la mañana generosamente les dieron 30 años de autorizaciones, toda una vida para que construyan en esta zona, mientras a los pobres le siguen subiendo con la actualización catastral a esta gente que son terratenientes le están dando flexibilidad para manejar los terrenos sin ninguna vigencia y amplitud de tiempo para manejar los precios rurales que se convierten en un urbanas”.