El abogado Wilson Leal habló en Econoticias sobre el aumento vertiginoso de los subsidios para el servicio de aseo en esta capital:

"Así no se le quiera dar trascendencia aquí hubo un asunto delicado, el primer acuerdo define el monto de los subsidios para el servicio de aseo en un porcentaje inferior al 20%, incluso para el estrato 3 se determina que no habrá subsidio, y muy inmediatamente, en el año siguiente, el Concejo Municipal establece para el servicio de aseo en particular una fórmula que hace un daño irreparable a los dineros del sistema general de participaciones (...) se deja en manos del ejecutivo el monto efectivo del subsidio, lo que se hace es dejar en manos de la Secretaría de Hacienda y el mandatario municipal la determinación del monto de los subsidios, entonces me pregunto quién se beneficia con el incremento de los mismos, pues el prestador del servicio, Interaseo resulta beneficiado con esa decisión".

"Hay una situación bien dudosa que valdría la pena explorar, por qué razón el Concejo Municipal resulta efectuando una modificación del régimen de subsidios para favorecer al prestador (...) el 70% de los cabildantes que aprobaron ese esperpento son socios de la actual administración, entonces ahora dicen que no pasa nada, que el tema no es de mayor trascendencia (...) lo que se está obviando es de qué manera se manipuló en el Concejo Municipal el otorgamiento de los subsidios para entregarle en bandeja de plata a un funcionario que ahora está tras las rejas".

Leal se refirió a los argumentos de Interaseo, mediante los cuales asegura que los beneficios que recibe son trasladados en su totalidad y de manera directa a los subsidios de los usuarios:

"Es mucho mejor tener un bolsillo de subsidios de magnitud que una seria de usuarios de estrato 1 y 2 en la ciudad; lo que no puede ocultar Interaseo es que la competencia del Concejo era establecer ese monto, pero lo que hizo fue trasladarle los funcionarios de la administración la fijación del subsidio, eso es abiertamente ilegal. El escenario natural de la discusión -que es el Concejo Municipal- se trasladó al despacho de la Secretaría de Hacienda (...) yo estoy hablando de una realidad evidente, ¿será que a esta altura hay interés de echarle tierra a una situación irregular?, ¿en qué términos puede hacer control político este Concejo Municipal cuando tiene 'rabo de paja'?, no creo que haya autoridad moral en más del 50% del Concejo para hacer un contro político en materia de descertificación".

El abogado también hizo referencia de la culpabilidad que podría tener o no el mandatario local, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la polémica descertificación:

"El alcalde Jaramillo tiene una culpa muy limitada (...) lo único que se le puede atribuir es una gestión tardía, aunque finalmente él tiene gente que le tiene que hacer la tarea, pero sí tiene responsabilidad más política que administrativa, al no poner el dedo en la llaga en las dos situaciones que está develando el pronunciamiento de la Superintendencia: el ejercicio manipulado desde el Concejo Municipal y el hecho de que no se está cumpliendo con la obligación de transferirle dinero a los acueductos comunitarios para luego hacer declaraciones como las del IBAL en el sentido de tener cuidado al ingerir agua de los mismos porque no está potabilizada. El tema de trascendencia en la ciudad tiene que ser el ejercicio de una tarea de revisión en la forma en que operan los acueductos comunitarios para ver cómo a través de esos recursos se pueden lograr metas de prestación de servicio que sean idóneas".

Wilson Leal además hizo referencia al presunto incumplimiento de la entrega de recursos para los acueductos comunitarios en esta capital:

"Ha faltado voluntad política de la administración y voluntad de los jueces para declarar el desacato (...) hay que identificar unas mecánicas de gestión, definir una estructura, la forma de transferencia de recursos, ese es un tema de responsabilidad y política pública del municipio, de gestión de los mismos acueductos comunitarios. Hay gente muy bien intencionada haciendo esfuerzos muy grandes con las uñas, pero también hay gente haciendo negocio con los acueductos comunitarios, entregando viabilidades de servicio que no existen, cobrando por esas viabilidades".

Finalmente, el abogado habló de la tarifa del acueducto tanto en cargos fijos como variables:

"Existe un modelo tarifario en el país que implica la posibilidad de ajustar de manera automática cuando se dan determinadas variables y con respecto a determinadas condiciones, sí tengo claro que hay unos antecedentes que son bastante elocuentes en relación con ese tema. El IBAL fue objeto de sanciones de la Superintendencia por incurrir en una errónea aplicación de régimen tarifario, eso se quedó ahí, lo manejaron con bajo perfil y a la gente no le apareció la plata".