En medio de una situación crítica en el sistema de salud colombiano, Aliadas, la coalición conformada por 37 gremios representantes de diversos sectores económicos del país, hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para abordar esta situación de emergencia que afecta a millones de ciudadanos en el país. 

El problema central radica en la persistente escasez de recursos. El presupuesto asignado por el Estado, equivalente al 8% del PIB, se ha revelado insuficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios, generando un déficit mensual que coloca al sistema al borde del colapso. Aunque esta preocupación tiene raíces históricas, la situación ha llegado a un punto crítico que requiere una atención inmediata y decidida por parte del Gobierno Nacional.  

La falta de reconocimiento y pago de los ajustes necesarios en los presupuestos máximos, que financian las atenciones en salud y medicamentos no incluidos en el plan de beneficios, ha generado un déficit significativo.  

Según información proporcionada por los gremios de salud afiliados a Aliadas, la deuda acumulada por estos conceptos asciende a $1.67 billones. Esta situación ha provocado una mora de más de cuatro meses en el pago de los presupuestos máximos, afectando directamente el flujo de recursos y, en última instancia, la atención médica de la población. Es crucial destacar que la mayor parte de este presupuesto se destina a la adquisición de medicamentos de alto costo, exacerbando aún más esta problemática. 

Además, estudios realizados por los gremios demuestran que, aunque se paga puntualmente la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por cada $100 que las EPS recibieron en 2022 para la atención en salud, se gastaron $103.  

A pesar de que estas cifras están entre las más bajas de gastos de bolsillo en América Latina, la insuficiencia en la fuente de financiación y este desequilibrio entre ingresos y gastos han llevado a que las EPS acumulen pasivos, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus condiciones financieras.  

Además, las EPS tienen cuentas por cobrar a la Nación unos 2,97 billones por recobros no incluidos en el plan de beneficios, que llevan años en trámite de reconocimiento y también afectan negativamente en sus estados financieros. 

La falta de seguimiento a los ajustes del año 2023, la incertidumbre sobre los presupuestos para noviembre y diciembre, y la insuficiencia en el pago de la UPC son motivos de gran preocupación para todos los colombianos. 

De acuerdo con Aliadas, la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud ha sido un tema de debate constante a nivel mundial, y Colombia no es una excepción. Diversos fenómenos en el país, como la inflación del año 2022 y lo que va corrido del 2023, así como un aumento significativo en la frecuencia de uso, han generado tensiones en el equilibrio financiero. 

«Con respecto a la UPC y los presupuestos máximos, se requiere una discusión abierta y técnica sobre la metodología del cálculo, considerando la propuesta presentada por las EPS desde hace meses para aplicar el giro directo en las atenciones no incluidas en el plan de beneficios», complementó Aliadas. 

Si no se toman medidas urgentes para inyectar recursos al sistema y normalizar la situación, se pone en riesgo el derecho a la salud de los ciudadanos. Existen múltiples frentes de crisis en el flujo de recursos para la salud que alarman al sector. 

La organización empresarial llama a las partes a unirse en un esfuerzo conjunto para rescatar la sostenibilidad del sistema de salud en el país y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a atención médica de calidad y a los medicamentos a los que tienen derecho.  

La coalición de gremios y empresarios anunció su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones efectivas que permitan la prestación de un servicio de salud óptimo.