La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, prendió las alarmas sobre la desaceleración de las ventas de unidades habitacionales especialmente en Vivienda de Interés Social VIS.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, dijo que "El panorama de la vivienda en Colombia, a febrero de 2023, presenta fuertes señales de desaceleración y signos de alerta que se deben atender de manera oportuna".

Dijo que se nota una caída en las ventas de vivienda del 64% y el panorama para lo que resta del año es preocupante, señala un informe del gremio.

Para Camacol entre las causas de esta desaceleración está el freno que se registró en la parte final de 2022 y en el inicio de 2023 de los subsidios del Gobierno dentro del programa Mi Casa Ya.

Según Herrera, el sector constructor es uno de los pilares de la economía nacional, y, por ende, cualquier factor que impacte su normal desarrollo debe ser analizado y abordado con prontitud.

Dijo qué hay cerca de 40 mil unidades de vivienda VIS que no han podido salir al mercado por la falta de recursos de los subsidios que otorga el Gobierno.

Del total, 23.000 corresponden a la vigencia de 2022 y otras 17.000 se han sumado en lo corrido del actual.

“Estas son viviendas que tienen pagada la cuota inicial y ya están terminadas, pero solo les falta el desembolso del subsidio para escriturar y entregar”, dijo el presidente de Camacol.

Para Herrera se requieren de cerca de 3,3 billones de pesos para atender los subsidios de Mi Casa Ya pendientes y los proyectados para lo que resta del año.

El presidente de Camacol sostuvo que la economía nacional podría presentar grandes afectaciones. Anualmente el sector edificador aporta cerca de 4,5 puntos al PIB nacional y genera 4 millones de empleos, lo que representa cerca del 7% del empleo formal en el país.

El análisis del gremio indica que la parálisis de subsidios le están costando al país unos $75 mil millones mensuales por la falta de dineros de subsidios de Mi Casa Ya.

Esto teniendo en cuenta las subidas en las tasas de interés y en los pagos de arriendos que han tenido que seguir haciendo los hogares compradores.