La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, presentó un análisis integral sobre la calidad, consistencia, concentración, antigüedad y trazabilidad de la información registrada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, BDME, con el fin de fortalecer el control fiscal sobre la cartera pública, su reporte, depuración y gestión de cobro.

De acuerdo con el más reciente Boletín de Deudores Morosos del Estado remitido por la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de mayo de 2026, la cartera vigente asciende aproximadamente a $165,64 billones y agrupa 996.611 deudores. 

En los 22 años de expedición del BDME, este comportamiento evidencia un crecimiento significativo y sostenido de la cartera pública en mora, lo que refuerza la necesidad de fortalecer su reporte, seguimiento, depuración y gestión de cobro.

Una de las principales alertas identificadas por la DIARI corresponde a la completitud del reporte. A partir de un listado de 6.398 entidades del Estado remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la DIARI cruzó dicha información con los boletines de deudores morosos desde el año  2019 y encontró que 2.545 entidades han reportado cartera, equivalentes al 39,78 %, mientras que 3.853 entidades no han registrado reportes. 

Este resultado será remitido a las delegadas competentes para que, en el marco del próximo ejercicio auditor, se verifique si la ausencia de reporte obedece a inexistencia real de cartera o a posibles omisiones en el cumplimiento de la obligación legal.

Cartera morosa

El análisis también permitió establecer una alta concentración de la cartera morosa. Las 20 entidades con mayores saldos reportados concentran aproximadamente $135,8 billones, lo que representa cerca del 82 % del total registrado en el BDME. Esta concentración permite orientar acciones de seguimiento, priorización y control sobre los principales acreedores públicos, así como revisar la gestión de cobro, recuperación, depuración y registro contable de dichas obligaciones en el próximo Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.

En el Top 5 de los mayores acreedores identificados, ordenados según el valor de las acreencias registradas se encuentran el Consejo Superior de la Judicatura, la DIAN, Central de Inversiones SA, Bogotá DC y la Unidad de  Atención y Reparación a las Víctimas, que concentran los montos más significativos de cartera.

En materia de antigüedad de la cartera, la DIARI identificó que las obligaciones con antigüedad igual o superior a cinco años ascienden aproximadamente a los $65 billones, lo que requiere un seguimiento específico por los riesgos asociados a  la caducidad, prescripción, pérdida de oportunidad de recaudo, deterioro de la gestión de cobro y necesidad de depuración documentada. 

En contraste, cerca de $100,64 billones corresponden a obligaciones con antigüedad inferior a cinco años, segmento que podría presentar mayor potencial de recuperación si las entidades adelantan acciones oportunas de cobro y seguimiento.

Otro punto relevante corresponde a los retiros de deuda del BDME: el análisis evidenció que más del 70 % del valor retirado se asocia a procesos de depuración de la información, con un impacto aproximado de $26,4 billones. 

Este comportamiento exige verificar si los retiros responden a ajustes válidos, correcciones debidamente soportadas o recuperación efectiva de cartera. También se identificaron retiros por pago, venta de cartera y acuerdos de pago, mecanismos que deberán analizarse de forma diferenciada para establecer su efecto real sobre el recaudo y la confiabilidad del registro.

La DIARI comparó la información de las cuentas de varias entidades de contratación del Estado. Estas comparaciones ayudan a encontrar posibles faltantes o casos que deben ser revisados por las áreas competentes.

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, se identificaron 13.282 personas naturales y jurídicas como deudores morosos del Estado, y que recibieron pagos con recursos públicos por aproximadamente $124,9 billones a través de SIIF Nación, pese a mantener obligaciones pendientes con el Estado por cerca de  $20,9 billones. 

Estos resultados constituyen una fuente de información relevante para que las entidades competentes verifiquen el cumplimiento de las disposiciones aplicables, fortalezcan los procesos de cobro y validen la calidad de la información reportada.

En el cruce con el SECOP, se identificaron 570,827 personas naturales o jurídicas que suscribieron contratos registrados en el sistema durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. 

De ellas, 20.238 personas y organizaciones registradas como deudores morosos del Estado celebraron contratos con entidades públicas por aproximadamente $16,3 billones, pese a que acumulaban obligaciones pendientes por cerca de $11,8 billones, según la información del BDME. 

La información obtenida permite a las autoridades focalizar acciones de seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de contratación pública, gestión de cobro y recaudo de recursos públicos.

A cobrar

Con base en estos resultados, la CGR propone siete frentes de trabajo para fortalecer el seguimiento a la cartera morosa del Estado: el primero consiste en verificar la completitud del reporte por parte de las entidades públicas, mediante informes dirigidos a las delegadas sobre entidades que nunca han reportado cartera y entidades que sí han reportado, con el fin de revisar integridad, consistencia y exhaustividad de la información. 

El segundo frente busca analizar la concentración de la deuda en las entidades responsables, priorizando aquellas que acumulan la mayor proporción de cartera. 

El tercero consiste en hacer seguimiento a las obligaciones con antigüedad superior a cinco años, por su exposición a riesgos de prescripción, baja recuperabilidad o deficiencias en la gestión de cobro. 

El cuarto frente se orienta a revisar los retiros de deuda asociados a procesos de depuración, para establecer si cuentan con soporte, trazabilidad y justificación suficiente. 

El quinto frente corresponde al análisis de inconsistencias frente a otras fuentes de información, como SIBOR, SECOP, SIIF, eKOGUI y registros de beneficiarios finales, con el fin de entregar insumos técnicos a las delegadas para el ejercicio auditor. 

El sexto propone la expedición de lineamientos internos y externos para el reporte y seguimiento de la cartera morosa, debido a que actualmente no existe un procedimiento institucional estandarizado que defina roles, responsabilidades, flujos de información y mecanismos de seguimiento. 

El séptimo plantea una articulación directa entre la Contaduría General de la Nación y con la Contraloría General de la República para mejorar la calidad, coherencia, trazabilidad y oportunidad de la información registrada en el BDME.

La Contraloría considera que el BDME debe ser entendido como una herramienta estratégica para el control fiscal, la gestión de ingresos públicos, la recuperación de cartera, la prevención de pérdida de recursos y la toma de decisiones basada en evidencia. 

La calidad del reporte, la oportunidad de la actualización, la consistencia frente a otras fuentes oficiales y la trazabilidad de los retiros son elementos centrales para fortalecer la vigilancia fiscal sobre los recursos que las entidades públicas tienen derecho a recuperar.

Con este análisis, la DIARI entregará insumos técnicos a las delegadas competentes para focalizar acciones de control, verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de reporte, revisar la gestión de cobro de las entidades públicas y fortalecer la confiabilidad del Boletín de Deudores Morosos del Estado como instrumento de control, recuperación y protección del patrimonio público.