El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expresa su rechazo frente al anuncio del Gobierno nacional electo sobre la derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, una figura creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos en el país.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han declarado cerca de un millón de hectáreas como APPA en más de 55 municipios. La eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos.

Las APPA responden a un mandato legal que busca orientar el ordenamiento territorial hacia la protección del suelo rural agropecuario, reconociéndose como un patrimonio estratégico para el país y un elemento esencial para garantizar la producción de alimentos y el bienestar de las comunidades rurales.

La eliminación de estas áreas agravaría la situación de degradación que enfrentan los suelos en Colombia. De acuerdo con información del IGAC y el IDEAM, más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de deterioro físico, químico o biológico, mientras que el 60 % de los municipios reportan afectaciones en sus suelos agrícolas. La pérdida de la capa orgánica y la transformación del uso del suelo comprometen la capacidad productiva del territorio y ponen en riesgo la seguridad alimentaria nacional.

La protección del suelo rural agropecuario no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. El Decreto Ley 2811 de 1974 estableció la obligación de conservar la integridad y la capacidad productiva de los suelos; posteriormente, la Ley 388 de 1997 ordenó la delimitación y protección de las áreas destinadas a la producción agropecuaria dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial. A ello se suman la Sentencia C-006 de 2002 de la Corte Constitucional, los decretos que desarrollan el ordenamiento del suelo rural y las reformas constitucionales recientes que fortalecen la protección del campesinado, el derecho humano a la alimentación y la conservación del suelo rural agropecuario.

En consecuencia, eliminar las APPA debilitaría los instrumentos destinados a prevenir la degradación de los suelos, aumentaría la presión sobre las áreas productivas y comprometería la capacidad del país para garantizar la producción sostenible de alimentos.

Las APPA

El Ministerio reitera que la información que señala a las APPA como mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos carece de fundamento. Estas áreas no restringen de manera general las actividades económicas, no impiden el desarrollo de proyectos de infraestructura autorizados conforme a la ley y respetan plenamente los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas.

Cada declaratoria se soporta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, bajo metodologías objetivas y criterios técnicos, y se adopta mediante procedimientos que garantizan la publicidad, la participación ciudadana y la transparencia.

Asimismo, las APPA no vulneran la autonomía territorial. Su implementación se ha desarrollado respetando las competencias de los municipios y mediante procesos de articulación y coordinación entre las entidades nacionales y territoriales.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reafirma que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos constituyen un instrumento estratégico para preservar el suelo rural agropecuario, fortalecer la producción de alimentos, proteger los derechos del campesinado y garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de Colombia.