10 decisiones prioritarias para el sector minero-energético en Colombia
En un momento decisivo para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y la transición hacia energías más limpias, Colombia tiene una oportunidad para consolidar una agenda minero-energética basada en planeación, confianza y visión de largo plazo. El nuevo gobierno puede apoyarse en las capacidades ya instaladas del sector para fortalecer su aporte al desarrollo regional, a la generación de empleo y a la sostenibilidad del país para superar los retos actuales existentes.
De acuerdo con el más reciente boletín Minería en Cifras de la UPME y la ANM, desde 2024 la historia cambia: el PIB minero empieza a encogerse. Pasa de unos 11,4 billones de pesos a 10,3 billones en 2025 y, en el primer trimestre de 2026, apenas bordea los 2,7 billones.
En la práctica, el sector ha perdido cerca de una cuarta parte de su tamaño reciente y cada vez pesa menos dentro de la economía colombiana. Al mismo tiempo, el país enfrenta retos ambientales que exigen mayor articulación institucional: en 2025 la deforestación se estimó en 72.409 hectáreas, 6 % más que en 2024, con alta concentración en la Amazonía, según el IDEAM.
“Colombia tiene la posibilidad de construir una hoja de ruta seria, moderna y equilibrada para el sector minero-energético. Más que empezar de cero, el reto es aprovechar la información disponible, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones de confianza para avanzar en la reactivación y consolidación de la industria”, afirmó Jackeline Henao, directora de Team Consultor.
Por su parte, XM destacó que, ante un posible Fenómeno de El Niño fuerte en 2026‑2027, el sistema eléctrico colombiano enfrentará “niveles de exigencia operativos nunca antes vistos” y el nivel agregado de los embalses debería estar por encima del 80% en agosto de 2026 para garantizar la atención segura de la demanda.
Camilo Tovar, consultor jurídico senior de Team Consultor, señaló que “el gran desafío del próximo gobierno será consolidar un equilibrio constructivo entre desarrollo económico, protección ambiental, seguridad jurídica y participación. Colombia tiene la oportunidad de apoyarse en información técnica, fortalecer sus instituciones y avanzar hacia un sector minero-energético más confiable, sostenible y competitivo, de cara a los retos que se presentan en el corto plazo”.
En este escenario, Team Consultor propone diez decisiones clave que pueden orientar una etapa de mayor coordinación, certidumbre y desarrollo para el sector:
1. Hacer un diagnóstico real del sector
Contar con una línea base clara permite tomar mejores decisiones públicas y privadas. Identificar con precisión qué capacidades están instaladas, cuáles proyectos están en curso, qué vacíos regulatorios, institucionales y operativos deben cerrarse para garantizar continuidad y planeación.
2. Construir sobre lo construido
La continuidad institucional puede ser una fortaleza para el próximo gobierno. Aprovechar avances en planeación, regulación, titulación y seguimiento técnico permite acelerar soluciones y consolidar resultados ya alcanzados en el sector
3. Fortalecer la institucionalidad
El país necesita entidades más articuladas, técnicas y eficientes, capaces de responder a los desafíos territoriales y ambientales sin perder conocimiento acumulado. Una institucionalidad sólida también ayuda a traducir mejor las cifras del sector en decisiones oportunas y en mayor confianza para los inversionistas y las comunidades.
4. Garantizar la seguridad energética
La seguridad energética puede consolidarse con señales regulatorias estables, expansión de infraestructura y mejor coordinación entre oferta, demanda y transmisión. Un sector planeado con criterio técnico contribuye no sólo al abastecimiento, sino también a una transición energética ordenada y viable.
5. Definir el futuro de los yacimientos no convencionales
El país puede dar una discusión más madura y mejor informada sobre los yacimientos no convencionales. La oportunidad está en construir una decisión basada en evidencia técnica, ambiental y social, que ofrezca claridad y reduzca incertidumbre sobre el futuro energético de Colombia.
6. Avanzar en la formalización minera
La formalización sigue siendo una de las mayores oportunidades para mejorar productividad, recaudo, trazabilidad y condiciones laborales. Además, el crecimiento del empleo minero, especialmente en actividades asociadas al oro y metales preciosos, muestra la importancia de acompañar a los actores del sector con instrumentos que faciliten la legalidad y el cumplimiento.
7. Reforzar la lucha contra la explotación ilícita
La minería ilícita debe enfrentarse como un problema de seguridad y un desafío ambiental que recae en la gobernanza territorial. En un contexto en el que la deforestación alcanzó 72.409 hectáreas en 2025, según el IDEAM, fortalecer la acción coordinada del Estado puede ayudar a proteger ecosistemas y a cerrar espacios a economías ilícitas en regiones estratégicas.
8. Definir una política de minerales estratégicos
Colombia necesita una política clara sobre minerales estratégicos y críticos en el contexto de la transición energética global. El reto es definir prioridades, promover exploración responsable, atraer inversión, generar valor agregado y ordenar institucionalmente la apuesta por minerales como cobre, níquel y otros insumos clave para nuevas tecnologías y cadenas energéticas.
9. Mejorar la coordinación Nación-territorio
Una mejor coordinación entre niveles de gobierno puede reducir conflictos, acelerar decisiones y dar mayor legitimidad a los proyectos estratégicos. La apuesta no debe verse como una tensión entre desarrollo y territorio, sino como una oportunidad para construir reglas más claras, diálogo temprano y confianza institucional.
10. Fortalecer la participación ciudadana y la consulta previa
La participación puede convertirse en un activo para la viabilidad de los proyectos cuando existen procedimientos claros, tiempos razonables y garantías para todos los actores. Avanzar en este frente permitiría disminuir la incertidumbre, prevenir conflictividades y mejorar la calidad de las decisiones públicas en el sector.