No hay como pagar el impuesto al patrimonio contemplado en los decretos de Emergencia Económica para aliviar la situación de la tragedia invernal sin causar deterioro económicos a las empresas aseguró la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez.

Dijo que a menos de una semana para el inicio del pago del tributo decretado por el presidente Gustavo Petro, no existen las condiciones financieras para efectuar dicha contribución, y en su cuenta de X anotó “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”.

Señaló Gutiérrez, que “la creación de nuevos tributos por vías excepcionales resulta aún más preocupante cuando coincide con un crecimiento acelerado del gasto público. El gasto de funcionamiento —incluida la nómina y la contratación—, así como el gasto primario, han venido aumentando de forma sostenida, sin que eso se traduzca en mejores resultados. Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas”.

Señaló que medidas como estas, afectan directamente a parte del sector empresarial que genera más de 3 millones de empleos formales. Por ello, solicitó a la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones, revisar este tema con la mayor premura posible y suspender el Decreto 173.

Para la dirigente este choque fiscal genera tres impactos inmediatos en las empresas: Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria, Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la DIAN, y Es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país.

Gutiérrez sostuvo en su mensaje que “La seguridad económica y la confianza inversionista en el país agonizan. En 2025, el déficit primario fue del 3,5% del PIB y para 2026 el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, estima un faltante de $32,1 billones. Estos decretos son como poner un parche en un hueco fiscal que el mismo Gobierno ha generado”.

Igualmente pidió al Gobierno la suspensión urgente de estas medidas para evitar perjuicios irremediables. Se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía. Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país.