Una fuerte controversia política y jurídica se desató luego de que el Gobierno Nacional advirtiera que podría emprender acciones legales contra los 17 gobernadores que anunciaron que no acatarán el decreto de emergencia económica y social expedido por el presidente Gustavo Petro.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, afirmó que cualquier decisión de los mandatarios departamentales de desconocer el decreto podría derivar en medidas legales, calificando dicha postura como un “exabrupto jurídico”. Según explicó, el Gobierno evaluará cada acto administrativo que expidan las gobernaciones con el fin de materializar su negativa y, con base en ello, determinará las acciones correspondientes.

Idárraga fue enfático en señalar que los gobernadores no tienen competencia para cuestionar la validez de los decretos de emergencia, ya que esa función recae de manera exclusiva en la Corte Constitucional. Además, advirtió que desconocerlos mediante una excepción de inconstitucionalidad no sería procedente y podría constituir una usurpación de funciones.

En paralelo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, informó que fue radicada ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín. En dicha petición se solicita la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.

La asociación argumentó que los motivos expuestos por el Gobierno Nacional no cumplen con los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad establecidos en el artículo 215 de la Constitución, al tratarse de problemas estructurales y previsibles que deberían ser atendidos a través de mecanismos ordinarios.

Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos informó que, con su acompañamiento, los gobernadores analizarán de manera urgente un mecanismo jurídico para frenar los efectos del Decreto 1474 de 2025, especialmente en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo.

De acuerdo con la FND, estas medidas podrían poner en riesgo la estabilidad financiera de los departamentos y afectar la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte. La entidad también anunció la designación de una comisión de voceros para representar a las regiones en este proceso jurídico.