“El año que terminó, 2025, una vivienda VIP, que es una vivienda de 90 salarios mínimos, en Ibagué y en toda Colombia, costaba casi 128 millones de pesos. Hoy, con ese decreto del salario mínimo, quedan cerca de 154 millones de pesos”. Con este ejemplo, el presidente de Camacol en el Tolima, Véliz Mejía, explicó el impacto inmediato que tuvo el aumento del salario mínimo en un 23,7 % sobre el precio de la vivienda de interés prioritario en el país.

El dirigente gremial indicó que, de un día para otro, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, el valor de este tipo de vivienda aumentó cerca de 29 millones de pesos, una cifra imposible de asumir para familias que devengan hasta dos salarios mínimos y que son el público objetivo de la vivienda VIS y VIP.

“¿Usted cree que pueden pagar 29.000.000 de más?”, cuestionó.

Mejía señaló que el problema afecta de manera directa a miles de hogares que ya firmaron promesas de compraventa pactadas en salarios mínimos, tal como lo permite la normatividad vigente.

En esos casos, explicó, la única alternativa es que los bancos financien el mayor valor, lo que se traduce en cuotas mensuales más altas.

El presidente de Camacol Tolima aclaró que la fijación de los precios de la vivienda social en salarios mínimos no es una práctica irregular de las constructoras, sino una disposición legal establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, que define los topes de la vivienda de interés prioritario y de interés social en todo el territorio nacional.

Frente a los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de desindexar la vivienda del salario mínimo, Mejía advirtió que ese tipo de cambios no pueden hacerse mediante pronunciamientos en redes sociales.

“Uno no puede apuntar a redes sociales, cambiar leyes, que uno mismo hizo”, afirmó.

A su vez, el vocero gremial explicó que el impacto del incremento no es igual para todos los proyectos: los que están en etapa final podrían absorber parte del aumento, mientras que las obras en ejecución o en preventa sí enfrentarán incrementos significativos en sus costos.

Además, alertó que los márgenes de la vivienda VIS son muy reducidos y que el aumento en la mano de obra y en insumos como el acero pone en riesgo la viabilidad de nuevos proyectos.

Finalmente, Mejía advirtió que, si no se evalúan con cuidado las consecuencias de estas decisiones, algunos constructores podrían optar por frenar nuevas obras, lo que afectaría la oferta de vivienda social y, en consecuencia, a las familias de menores ingresos que buscan acceder a casa propia.