Las principales empresas licoreras de Colombia, entre ellas, la Fábrica de Licores del Tolima, alzaron su voz de alerta frente al proyecto de Reforma Tributaria que actualmente se tramita en el Congreso de la República y que contempla un aumento de hasta el 40% en los impuestos a las bebidas alcohólicas.

En un comunicado conjunto, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, la Industria Licorera de Caldas, la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Industria de Licores del Valle, la Fábrica de Licores del Tolima, la Nueva Licorera de Boyacá, la Industria Licorera del Cauca, la Unidad de Licores del Meta, Aguardiente Nariño y las multinacionales DIAGEO, Pernod Ricard, Brown Forman y Global Wine and Spirits advirtieron que esta medida podría poner en riesgo miles de empleos, incentivar el mercado ilegal y afectar los recursos que los departamentos destinan a salud, educación y deporte.

“Hablar de impuestos al licor es hablar de salud pública, de empleo, de cultura y de responsabilidad ciudadana”, señala el documento, que también destaca que el sector licorero representa el 1,5 % del Producto Interno Bruto nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos en todo el país.

Las compañías firmantes sostienen que encarecer el licor legal no reduce el consumo, sino que lo traslada al mercado ilícito, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Según cifras del gremio, el 22,4 % del licor que se consume en Colombia es ilegal, y con la reforma esa cifra podría superar el 50 %.

La gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, Victoria Castillo González, advirtió que la propuesta del Gobierno Nacional tendría efectos negativos en amplios sectores de la economía.

“Esta propuesta afecta el empleo que genera la industria en el campo agrícola, el comercio, los hoteles, bares, restaurantes, conciertos, ferias regionales y tiendas. Además, como lo hemos venido evaluando desde ACIL, impactaría gravemente los recursos que transferimos a los departamentos para financiar programas de salud, educación y deporte”, afirmó la directiva.

Las licoreras solicitaron al Congreso revisar los efectos económicos y sociales de la medida antes de su aprobación, insistiendo en la necesidad de mantener una política tributaria equilibrada que no desestimule la producción nacional ni aliente el contrabando.