Aunque el ambicioso proyecto del tranvía eléctrico para Ibagué ha contado con respaldo político, técnico y gremial, su avance está siendo frenado por un inesperado obstáculo burocrático: el retraso en el registro de la nueva prefactibilidad, trámite clave que debe realizar la Secretaría de Planeación Municipal y que, hasta la fecha, lleva más de 10 días sin resolverse, a pesar de que por norma debería completarse en un máximo de 5 días hábiles.

El nuevo estudio de prefactibilidad fue radicado el 16 de julio de 2025, como resultado del consenso alcanzado en la reunión del pasado 25 de junio, donde participaron la Secretaría de Movilidad, el SETP, la Dirección Jurídica, el Asesor de Movilidad y la Gerencia de Proyectos Estratégicos. Allí se acordó que, ante el vencimiento de la etapa anterior, que entre otras razones, se dio por motivos ajenos al STMI, se presentaría una nueva versión que el municipio trataría de manera inmediata, dada la urgencia del proyecto y el respaldo público de la alcaldesa Johana Aranda.

Sin embargo, lo que debería haber sido un trámite técnicamente sencillo y administrativo, se ha convertido en una traba inexplicable que amenaza con volver a dilatar un proceso que ya ha perdido tiempo valioso por razones como la pandemia y los cambios internos en el SETP.

Es importante subrayar que el retraso no está en la evaluación del contenido del estudio, sino en su registro inicial, paso necesario para activar el periodo legal de análisis de tres meses en el que el municipio puede hacer todas las observaciones que considere. Sin ese registro, ni siquiera ha comenzado la etapa formal de estudio, por lo que la demora resulta aún más cuestionable.

La plataforma del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que permite este registro solo solicita cuatro datos básicos y un resumen breve de la propuesta. Así se hizo en las dos prefactibilidades anteriores, donde el proceso se completó en un solo día. En otras palabras: esto no es una revisión técnica ni jurídica, sino el simple cargue de un formulario digital.

El retraso actual, cuya responsabilidad directa recae sobre la oficina a cargo del ingeniero Juan Pablo Yáñez, y la Secretaría de Planeación ha generado desconcierto entre los promotores del proyecto, que acusan una falta de coherencia institucional frente a un proceso ya discutido y conocido por las distintas dependencias municipales.

“Simplemente lo que hay que hacer es hacer el registro del proyecto y echar para adelante, como se dice, porque realmente no tiene sentido que de una reunión que tuvimos en junio 25, hace un mes, donde el  municipio claramente dijo que facilitaría rápidamente la nueva prefactibilidad, que se registrara. Ahora estamos con esta sorpresa de un pequeño impase que nos perjudica, porque no se da la agilidad que queremos, a la cual se comprometió el municipio”, enfatizó Pedro Niño, uno de los gestores del proyecto, quien agregó que la demora está generando una barrera artificial que contradice el acuerdo previo y el interés reiterado de las administraciones de Hurtado y Aranda.

La iniciativa, promovida por STMI (Sistema Integrado de Transporte Eléctrico de Ibagué), propone un sistema integral de movilidad limpia para Ibagué con vehículos eléctricos, generación solar propia y participación mayoritaria de los transportadores tradicionales como socios del proyecto. Se estima una inversión superior a los 2 billones de pesos, sin que el municipio deba poner un solo peso.

Además de su impacto ambiental, en el que se eliminarían más de 28 mil toneladas de CO₂ al año, el modelo plantea empleo seguro para cerca de 950 conductores y una rentabilidad atractiva para los transportadores, quienes podrían salir del negocio vendiendo sus vehículos a mejores precios que los estimados en el decreto municipal vigente. Otro punto para señalar es la generación de 14.000 empleos entre directos e indirectos, en una ciudad que ocupa el tercer lugar en niveles de desempleo a nivel nacional. Imposible obviar, además, el importante atractivo turístico que representaría el medio de transporte para la ciudad, y la región.

Inversionistas como la empresa CRRC, la cual es proveedora del Metro de Bogotá y del Regiotram de Occidente, y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) han expresado formalmente su interés en respaldar el proyecto. El soporte financiero y técnico está listo; lo único que falta es el registro administrativo de la prefactibilidad para abrir el camino formal de análisis.

“No tiene sentido el tener una traba para hacer un registro de un tema, en el cual Planeación Nacional solamente pide cuatro aspectos”, sentenció Niño.

Con tono respetuoso pero firme, los promotores insisten en que no hay ningún conflicto con el SETP, como lo sugiere de forma equivocada la lectura de un artículo del Decreto 438 de 2021. “El proyecto se enmarca en el Sistema Estratégico y puede operar bajo su estructura sin afectar sus recursos”, aclararon.

A pesar de que, según Niño, el diálogo con el ingeniero Yáñez ha sido cordial, la falta de acción es percibida como una negligencia institucional frente a una propuesta que ha sido ampliamente socializada y respaldada por todos los sectores. “No hay razón técnica ni jurídica para frenar este registro. Esto no es un filtro de viabilidad: es solo el primer paso”, reiteran desde STMI.

A pesar de que el proyecto está a la espera de la aprobación del registro de esta nueva prefactibilidad, detrás del retraso podría esconderse un problema más estructural que administrativo. Según ha trascendido, la Secretaría de Planeación habría solicitado un concepto técnico al Sistema Estratégico de Transporte (SETP). Sin embargo, la facultad legal para emitir el concepto de viabilidad del proyecto no recae sobre el SETP, sino exclusivamente sobre la Secretaría de Movilidad, una decisión que podría dilatar, aún más, el proceso de registro de la prefactibilidad del proyecto.

Así lo advirtió el consultor y experto en movilidad Manuel Sánchez, en diálogo con Ecos del Combeima: “El señor alcalde, a través de los órganos delegados, en este caso la Secretaría de Movilidad, le delega esa facultad. Entonces, el único organismo que está legalmente facultado para dar un concepto de viabilidad es la Secretaría de Movilidad”.

Esto implica que cualquier validación técnica o jurídica por fuera de esta dependencia carecería de competencia legal, y que registrar la prefactibilidad sin ese concepto previo podría abrir la puerta a futuras controversias jurídicas: “Si no hay viabilidad en la prefactibilidad, no se debe registrar. No hay competencia legal, entonces le da oportunidad a los operadores para que aleguen esa decisión. Se nota que no tienen conocimiento de la parte jurídica y técnica”, señaló Sánchez.

En este escenario, surgen serias dudas sobre si lo que está detrás del retraso es un desconocimiento normativo o una falta de voluntad institucional, en especial por parte de la Secretaría de Movilidad en cabeza de Ricardo Fabián Rodríguez, quien ha sido señalado por una cuestionable gestión en materia de acción y respuesta a las necesidades en materia de movilidad para Ibagué.

En medio de una ciudad que necesita soluciones reales a su problema de movilidad, el tranvía eléctrico representa una oportunidad histórica. Lo único que lo separa hoy de avanzar es una carga administrativa que alguien, al parecer, de manera inexplicable, se resiste a liberar. Mientras tanto, Ibagué sigue atrapada entre trancones y contaminación, esperando que las entidades responsables de tomar decisiones claves se alineen y desbloqueen una propuesta que podría modernizar, por fin, el sistema de transporte de la ciudad.