Contraloría y Procuraduría citaron a mesa de trabajo y requieren información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre situación de AIR-E y control que ejerce sobre subsidios de energía y gas.

La Contraloría General de la República, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, ha venido desarrollando mesas de trabajo conjuntas con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, ante la preocupación de los organismos de control por los efectos de la mora en los giros de subsidios a las tarifas de energía y gas. 

Ahora las entidades refuerzan esta labor conformando una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, que arrancó convocando una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo.

El propósito de esta comisión conjunta es hacer seguimiento a las acciones que implementen los diferentes actores del sector para mitigar los riesgos detectados en materia de sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales,

Este mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas.

De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.

En desarrollo de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, el Contralor, General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, han requerido a la Superintendencia de Públicos Domiciliarios información relacionada con la situación de la empresa intervenida AIR-E.

Se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia para garantizar en el largo plazo la prestación del servicio a cargo de esta empresa objeto de intervención.

Petición SuperServicios Públicos 

Los referentes normativos o doctrinales que le permiten a la Superintendencia plantear la supuesta prohibición de coadministración en las empresas intervenidas, particularmente en AIR-E, y las implicaciones de dicha prohibición.

Los recursos con los que cuenta actualmente el Fondo Empresarial, el origen de estos recursos y a quienes actualmente atiende a través de estos.

Las actuaciones que ha desplegado la Superintendencia para dar respuesta a la solicitud de la Agente Especial de obtener recursos por 2.8 billones de pesos para garantizar la operación de la empresa durante 2025 y cancelar las deudas post-toma en el mercado mayorista.

Indicar las garantías que exigió la Superintendencia para el giro de los mutuos por $148 mil millones que ha otorgado la entidad a AIR-E través del Fondo Empresarial.

Los resultados de las labores de inspección, vigilancia y control ejercidas desde la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, respecto a la prestación del servicio por parte de la empresa AIR-E intervenida.

En relación con la situación de subsidios de energía y gas, Contralor y Procurador solicitaron a la Superintendencia precisar qué mecanismos de control se ejercen sobre los subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, FSSRI. Y también se le pidió informar cómo garantiza que la información reportada en el Sistema Único de Información, SUI, sea confiable, consistente y oportuna.

Procuraduría y Contraloría citaron a una mesa de trabajo al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Yanod Márquez, directivos y técnicos de su equipo de trabajo.

“Hay que agilizar las acciones correctivas”: Contralor

En el estudio sectorial "Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024", la Contraloría General de la República destacó la necesidad imperiosa de realizar ajustes para garantizar que estos subsidios beneficien efectivamente a quienes más los necesitan.

El documento también plantea la revisión del actual sistema de estratificación, que no resulta el mecanismo más adecuado para su asignación. Además, evidencia deficiencias en el otorgamiento, sostenibilidad, calidad y cobertura de estos subsidios, con consecuencias negativas para las finanzas públicas y la prestación de los servicios.

"Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes", enfatizó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

La falta de una solución integral a esta problemática financiera podría generar un riesgo sistémico para la adecuada prestación de los servicios públicos de energía y gas, afectando tanto la prestación del servicio, las finanzas públicas y la calidad de vida de la población, en especial los usuarios más necesitados, así como el desarrollo del país, pues la energía se requiere para distintas actividades del sector productivo y de los hogares. Esta situación podría incluso llegar a vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos.

Colaboración para aportar soluciones oportunas

Según precisó el Contralor Rodríguez Becerra, la Contraloría General, de la mano de la Procuraduría, en cumplimiento de su deber constitucional de velar por el uso eficiente de los recursos públicos, continuará ejerciendo su labor de control fiscal para garantizar que los subsidios de energía y gas cumplan su propósito social sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país, consciente de que su adecuada gestión impacta directamente el bienestar de millones de colombianos que dependen de estos servicios esenciales.

“Nuestro deber como entes de control y nuestro compromiso con la ciudadanía nos lleva a trabajar articuladamente para contribuir no solo en el seguimiento y control de los asuntos relevantes para el país, sino desde nuestras competencias aportar a las soluciones oportunas a las coyunturas que lo requieran, más cuando la seguridad energética del país está en riesgo”, concluyó.