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¿Con cuál mensaje de las campañas presidenciales se identifica?

Podríamos decir que está temprano, que hay mensajes buenos que van a tomar fuerza y nada esta escrito.
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17 Sep 2021 - 8:00 COT por Ecos del Combeima

Un interrogante difícil de responder porque cuesta trabajo recordarlos y además porque ninguno es contundente en conectar con la realidad del país. Sin embargo, hay uno que tiene el terreno abonado para convertirse en lema de gobierno.
    
La más reciente encuesta de EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos, concluye que la intención de voto para las elecciones presidenciales del 2022  sigue siendo liderada por el senador Gustavo Petro con el 21,6 por ciento.

El segundo lugar lo ocupa Sergio Fajardo con el 12,7 seguido del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez con el 8,9 por ciento. Juan Manuel Galán, quien ahora tiene el 6 por ciento, aparece en la cuarta posición.

La #CoaliciónDeLaEsperanza de Fajardo no dice nada distinto al cambio que normalmente prometen la mayoría de políticos.  Para algunos analistas Fajardo cuenta con las propuestas económicas y de generación de empleo más sensatas, pero esto no lo ha logrado transmitir desde hace 4 años.

Federico Gutierrez y su lema #SomosFuerzaTransformadora se va a la otra orilla: no acude a un lenguaje sencillo a los oídos de la gente “de a pie” y la idea de transformación es tan general que no sabemos su diferencial.

Juan Manuel Galán, más que un lema, cuenta con la interesante apuesta de un #NuevoLiberalismo. No obstante, lo malo es que las encuestas no han parado de decirnos que los colombianos estamos cansados de la política tradicional. Y aunque su propuesta es cambiar ese rumbo, con solo adicionar la palabra “nuevo”, va ser difícil convencer, por lo menos a las nuevas generaciones. 

Podríamos decir que está temprano, que hay mensajes buenos que van a tomar fuerza y nada esta escrito. Pero la #ColombiaHumana de Petro también tomó la delantera en este aspecto y este debe preocupar desde ya a los demás partidos.

Un lema con todo a su favor: una propuesta de “humanizar a un país” que ahora se convierte en partido en medio de un novelón que terminó esta semana con la decisión de la Corte Constitucional de concederle personería jurídica al partido del senador luego de que el CNE se lo negara en el 2018.

Hoy no hay conclusión sino una pregunta para las campañas ¿En verdad creen que sus mensajes están siendo útiles?

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"Finalmente, y aunque no haya necesidad de ir y gritárselo a la gobernadora en medio de la emergencia, hay que decir que el Tolima necesita una política permanente de prevención de incendios forestales, fortalecimiento de los cuerpos de bomberos, vigilancia de las zonas de mayor riesgo, educación ambiental y capacidad de respuesta durante las temporadas secas".

La reconstrucción podría ser la oportunidad para fortalecer Obras por Impuestos, llevándolo a “Reconstrucción por Impuestos” como lo planteó el gobernador de Antioquia desde una región que supera en capacidad inversionista a muchos países latinoamericanos.

Las estimaciones iniciales del Gobierno han situado las pérdidas alrededor de $30 billones, aproximadamente unos US$9.600 millones, aunque la cifra definitiva seguramente necesitará tiempo para consolidarse.

Lo que ha ocurrido en estas semanas merece un análisis que vaya más allá del balance de víctimas y de los centros de acopio. No porque eso no importe, importa enormemente, sino porque hay algo más que está pasando y que vale la pena nombrar con la misma claridad con que se cuentan los escombros y las hectáreas calcinadas.

Es que detrás de cada hectárea hay algo más que una cifra: hay una familia, un campesino, un animal, una cosecha, un bosque, una fuente de agua.

Ahora bien, hay una frase que los tolimenses conocemos bien y que se repite en cada emergencia, a tal punto que ya da vergüenza: "El Tolima no estaba preparado".

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.