Desde hace rato en las mediciones o sondeos de opinión, al Concejo Municipal no le va bien. Es decir no tiene buena imagen. Y es que en esa Corporación se toman las decisiones trascendentales de Ibagué, ciudad, agobiada por la recesión, el  desempleo y la pobreza. Que muy seguramente después del Covid-19 será miseria.

Su último desacierto; la elección del Contralor Municipal, Iván Darío Delgado Triana, quién  a pesar de tener un buen record académico y profesional, no ha escapado a las ineficiencias en el desempeño de sus funciones, cuando en el gobierno de Luís H. Rodríguez siendo  Director de Responsabilidad Fiscal, no atendió con seriedad y diligencia  las denuncias tempranas de  corrupción en la contratación de los Juegos Nacionales del 2015. De otra parte,  el archivo del proyecto de vivienda “Portal de San Gabriel” plagado de inconsistencias y anomalías. 

Esos dos asuntos debieron ser para los cabildantes, no los argumentos de la oposición para que no se eligiera, sino el análisis de sus competencias, a la hora de desempeñarse y tomar decisiones con total independencia. Es decir, una elección con más pensamiento en ciudad y menos favorecimiento político, tal y como ocurrió.

Y es que el Contralor Delgado, en sus palabras de posesión, resaltó que trabajaría como un funcionario independiente y exhibiendo un trabajo técnico. Pues ni lo uno, ni lo otro. Como puede ser independiente un Contralor con vínculos políticos tan cercanos al que está auditando y controlando. Caramba ofenden la inteligencia de los ciudadanos. Que su suegro haya estado en la campaña del actual mandatario local, lo hace totalmente cercano al alcalde de la ciudad y desvirtúa su cacareada independencia. 

Si el contralor tuviera la técnica, no le habría preparado una “cartica de 42 páginas” al  alcalde Andrés Fabián Hurtado, que no era otra cosa que el resultado de la auditoria exprés a la contratación suscrita en la declaratoria de emergencia manifiesta, que  durante más de 10 días   contó con  un director técnico de control fiscal, dos funcionarios y seis contratistas. Es decir todo un equipo de “supuestos expertos” que después de un juicioso trabajo y de una mesa técnica, especificaron y detallaron  los 15  hallazgos, dos de ellos penales, por  posibles sobrecostos en la adquisición de 52 mil mercados dirigidos a población necesitada y vulnerable con ocasión del covid-19. (Informe Preliminar). 

Pasados 30 días de conocerse el informe preliminar, el contralor sale a los medios para informar que en el dictamen final de la autoría no se evidenciaron sobrecostos. Justifica su afirmación, en los problemas con los métodos de investigación que se aplicaron en el informe preliminar. ¿Le creemos, cuando este Contralor oscureció el escenario con la remoción del funcionario que detalló los primeros y únicos  hallazgos, para luego contratar a  un “profesional” que trabajará en el informe final, que a la postre arrojó cero sobrecostos?  (Informe definitivo). 

La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en  informes sobre el mismo asunto, se ratifica con los  “expertos técnicos de la contraloría municipal”, donde al parecer se comprobaría que si existen sobrecostos en la adquisición de los kit alimenticios.

Por ahora solo queda esperar que la Contraloría General de la República con base en la sentencia de la Corte Constitucional C-36 d…