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Sombras en campaña

Hoy se conocen nuevas intimidaciones en contra de funcionarios judiciales que adelantan procesos penales contra candidatos a la Alcaldía de Ibagué.
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Ecos del Combeima
22 Mayo 2019 - 11:34 COT por Ecos del Combeima

El tema reviste especial atención, pues los intentos por coaccionar a la justicia para que no afecte los intereses de los más poderosos deberían ser leídos por el electorado como lo que son: sombras que se ciernen sobre la imagen de quienes aspiran a ser elegidos en cargos públicos.

Sería irresponsable atribuir a los directamente involucrados en estas investigaciones la autoría de las amenazas, sin embargo, queda en el ambiente el que estas provengan desde sus círculos más cercanos.

No menos preocupante resulta que la Unidad Nacional de Protección desestime el riesgo que representan estos mensajes que, por tercera vez, se le hacen llegar al operador de justicia y que podrían comprometer no sólo su integridad si no la de su familia.

Las medidas de seguridad en este y todos los casos se hacen tan urgentes como necesarias cuando de por medio está la intención criminal de obstruir el ejercicio de los jueces de la República y por ende llegar al fondo de estos asuntos.

El silencio como estrategia de comunicación es una medida de corto plazo y por respeto a las instituciones, a la democracia y a los ciudadanos, uno esperaría que las campañas políticas, hoy cuestionadas, le dieran la cara a la opinión pública para rechazar cualquier maniobra de terceros por pretender desviar el curso normal de los procedimientos legales. Lo contrario sería equivalente a complicidad y aceptación.

Quizás es momento de que la Corte Suprema de Justicia considere una vez más el cambio de radicación de este proceso para que sea asumido por un juez en otra ciudad, mientras tanto, lo que nos queda como sociedad civil, además de reprochar vehementemente estos episodios es rodear a la justicia y propender porque puedan desarrollar su tarea con transparencia, en estricto apego a la Ley y el derecho.

Vendría bien además que la Misión de Observación Electoral documentara este episodio e hiciera el seguimiento debido antes los organismos del Estado.

Electoralmente también debería invitarnos a reflexionar a los ciudadanos del común, si merecen realmente nuestro voto de confianza aquellas figuras de liderazgo en las que a futuro los ejercicios de gobernabilidad podrían estar amenazados.

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Hoy solo queda pedirle a la nueva administración celeridad en los procesos. Es hora de que dejen de jugar con los campesinos y de que esas tierras que se han prometido una y otra vez, por fin sean verdaderamente de ellos.

En el segundo trimestre de 2026, el número de micronegocios en Colombia creció apenas 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior y el personal ocupado aumentó 0,6 %. Hasta ahí parecería un crecimiento tímido. Pero hay un dato que cambia completamente la conversación: los ingresos de esos micronegocios crecieron 14 % en términos nominales.

Al mismo tiempo de la tragedia forestal, una parte importante del agua ya potabilizada, termina derrochándose y perdiéndose en redes hidráulicas urbanas ya deterioradas por el tiempo, situación que se ha convertido equivocadamente en una constante territorial.

El Tolima no está solo. Pero tampoco puede quedarse a esperar. La tarea que sigue es vigilar que cada peso, ayuda y trámite anunciado llegue a los lugares necesitados, y si bien los afectados no han estados solos, hay que seguirlos acompañando.

El Concejo Municipal no puede convertirse en un comité de aplausos de la administración de turno, como pareciera que sucede actualmente, y aquí aparece una paradoja que resulta difícil de ignorar: mientras se discute por estos días la modificación de la planta de personal, algunos concejales parecen más interesados en acompañar la agenda política de la Administración que en exigirle explicaciones.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.