"Finalmente, y aunque no haya necesidad de ir y gritárselo a la gobernadora en medio de la emergencia, hay que decir que el Tolima necesita una política permanente de prevención de incendios forestales, fortalecimiento de los cuerpos de bomberos, vigilancia de las zonas de mayor riesgo, educación ambiental y capacidad de respuesta durante las temporadas secas".
La reconstrucción podría ser la oportunidad para fortalecer Obras por Impuestos, llevándolo a “Reconstrucción por Impuestos” como lo planteó el gobernador de Antioquia desde una región que supera en capacidad inversionista a muchos países latinoamericanos.
Las estimaciones iniciales del Gobierno han situado las pérdidas alrededor de $30 billones, aproximadamente unos US$9.600 millones, aunque la cifra definitiva seguramente necesitará tiempo para consolidarse.
Lo que ha ocurrido en estas semanas merece un análisis que vaya más allá del balance de víctimas y de los centros de acopio. No porque eso no importe, importa enormemente, sino porque hay algo más que está pasando y que vale la pena nombrar con la misma claridad con que se cuentan los escombros y las hectáreas calcinadas.
Ahora bien, hay una frase que los tolimenses conocemos bien y que se repite en cada emergencia, a tal punto que ya da vergüenza: "El Tolima no estaba preparado".
Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.
Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.
¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?
Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.
