Alcalde de Ataco, Héctor Muñoz, es requerido por investigación penal relacionada con contratos de unidades sanitarias
El alcalde de Ataco, Héctor Muñoz, fue requerido por las autoridades para comparecer dentro de un proceso penal relacionado con contratos para la construcción de unidades sanitarias.
La información fue entregada por Jonathan Manjarres, asesor jurídico externo en defensa judicial de Ataco, quien explicó que el proceso está relacionado con contratos de obra e interventoría suscritos durante la administración anterior.
Según Manjarres, los contratos fueron adjudicados antes del actual gobierno municipal y estarían relacionados con la ejecución de unidades sanitarias. El abogado aseguró que el alcalde conocía la existencia del proceso y que se presentó ante las autoridades para atender el requerimiento.
El jurista también negó versiones que relacionaban el procedimiento con minería ilegal. Según su explicación, la investigación está vinculada con la ejecución de los contratos y con cuestionamientos alrededor de un pago que habría sido realizado después de que la interventoría certificara la ejecución de las obras.
¿Qué dice la defensa?
Manjarrez sostuvo que la actual administración inició un proceso de incumplimiento contractual contra los contratistas, debido a que las obras no habrían sido ejecutadas completamente.
El abogado aseguró que la Alcaldía ha adelantado las actuaciones correspondientes para exigir el cumplimiento de los contratos y que próximamente se desarrollará una audiencia dentro de ese proceso administrativo.
También confirmó que el exalcalde *Miller Aldana* se presentó ante las autoridades después de conocer que era requerido, aunque será la Fiscalía y posteriormente las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades correspondientes.
Por ahora, el alcalde Héctor Muñoz deberá entregar su versión dentro del proceso penal. La investigación continúa y el requerimiento judicial no constituye, por sí mismo, una declaración de responsabilidad penal.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la ejecución de contratos de administraciones anteriores y abre un nuevo capítulo político y judicial para la Alcaldía de Ataco.