El Tribunal Administrativo del Tolima decretó una medida cautelar dentro de la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima, con el propósito de proteger el derecho a la salud y garantizar la continuidad en la atención hospitalaria ante las millonarias deudas que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento.

La decisión, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, fue adoptada tras la audiencia de este martes, en la que se determinó que las medidas estaban debidamente sustentadas al evidenciarse la posible vulneración de derechos colectivos como la prestación eficiente del servicio de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

“Se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, precisó el magistrado Rojas.

Durante la diligencia, el Tribunal advirtió que las deudas de las EPS con la red hospitalaria del Tolima superan los $600 mil millones en el sector público y $400 mil millones en el sector privado, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud y ADRES.

Como parte de la medida, se ordenó a las EPS y a los operadores del sistema cumplir en un plazo máximo de dos meses los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, que incluyen el saneamiento de carteras y el pago de obligaciones no glosadas correspondientes a los años 2020, 2024 y anteriores.

Asimismo, el Tribunal dispuso que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud convoquen una mesa técnica nacional para definir los créditos a asumir por los operadores del sistema, consolidar un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago de al menos el 20 % de las deudas liquidadas con corte al 30 de junio de 2025.

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, celebró el fallo y lo calificó como un avance importante en la defensa de los derechos de los tolimenses.

“Con esta acción de naturaleza constitucional y la medida cautelar decretada, se hace evidente la preocupación por la falta de flujo de recursos, que pone en riesgo la red pública y privada. Es urgente adoptar medidas contundentes que normalicen los pagos y protejan el servicio de salud”, afirmó la funcionaria.