En septiembre de 2013 un comunicado de Anglogold Ashanti enciende las alarmas de sectores ambientalistas en Ibagué por la posible ubicación de la planta de tratamiento industrial en el Cañón del Combeima.  http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/audio-30204-sandra-ocampo-dir…  

Ante las innumerables reacciones de la comunidad en contra de esta pretensión,  la multinacional  anuncia en el 2015 que renunciará sus títulos en esta zona. http://www.anglogoldashanticolombia.com/comunicado/comunicado-anglogold…

Sin embargo importantes observadores, geólogos, líderes sociales, autoridades académicas y ambientales y la comunidad en general han advertido desde el inicio de la fase exploratoria, sobre los riesgos que representa en diversos escenarios la explotación de la Mina La Colosa en Cajamarca. http://www.semana.com/opinion/articulo/la-gata-colosa/333648-3   http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/13504/1/ArangoMendoz…     http://www.ut.edu.co/index.php/la-colosa-una-muerte-anunciada   inclusive la propia Contraloría General de la República advierte a Minambiente sobre los riesgos del proyecto minero http://goo.gl/2LrFDB

En palabras del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo “si se concreta, la explotación afectará la cuenca del río Coello. Y de ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio. Se puede presentar una clara situación de degradación de suelos, erosión y alteraciones de topografía que afectan el medioambiente y las cuencas. Además, nuestra vocación es agrícola y queremos seguir gozando de esta autonomía para decidir si queremos seguir teniéndola”.

Desde su campaña electoral el Dr. Jaramillo planteó la posibilidad de acudir a la consulta popular como un factor determinante en defensa del medio ambiente sobre las posiciones del gobierno central quien en este caso de la minería, a través de la ANLA, Minminas y Minambiente se adjudicó el derecho de decidir sobre lo que ellos han llamado “Proyectos de interés nacional”.

‘Sólo el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, tiene la competencia exclusiva para excluir del territorio municipal o departamental zonas para la actividad minera (...) yo le digo de manera muy respetuosa que mire la sentencia de la Corte Constitucional C-123 de marzo de 2015, que es un elemento nuevo que reafirma lo que estoy diciendo (...) es que es mejor decir las cosas con claridad, así no gusten o sean impopulares’, fue el pronunciamiento del Dr. Ernesto Cardozo procurador ambiental y Agrario del Tolima sobre el tema. 

Por otro lado, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), han advertido que esa es sólo la mitad de la historia y que las consultas sí deben ser vinculantes.

“Así como la ley le entrega todo el poder al Gobierno Nacional para decidir sobre el subsuelo —explica César Rodríguez Garavito, abogado de Dejusticia—, las consultas populares como las de Piedras, y las que luego se realizaron en Tauramena y Monterrey (Casanare), responden a un sistema de participación avalado por la Constitución con el que los habitantes de estos territorios intentan proteger fuentes hídricas, distritos de riego y ecosistemas vitales que hacen parte del suelo. Y sobre el suelo el gobierno municipal sí tiene poder de decisión”. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/hace-un-ano-piedras-le-di…

La propuesta finalmente fue radicada por la administración municipal ante el Concejo de Ibagué el pasado 2 de febrero pidiendo que se realice la consulta el domingo 5 de junio y la pregunta que tendrían que responder los ibaguereños es: ¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

Frente a la amplitud de conceptos que pretenden simplificarse en esta pregunta valdría la pena hacer las siguientes consideraciones.

1. En su gran mayoría los especialistas coinciden en afirmar que donde hay explotación minera hay afectación ambiental.   

Según informe de Cortolima, sólo en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare actualmente se encuentran en explotación 21 títulos mineros, que en su totalidad representan un área de explotación de 3.421 (Hectáreas) ha, que equivalen el 2.39% del área total de la Cuenca y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Siete (7) se localizan en el municipio de Alvarado, once (11) en el municipio de Ibagué, uno (1) en el municipio de Piedras, uno (1) entre Anzoátegui y Santa Isabel y uno (1) entre Santa Isabel y Venadillo. 

El material de explotación predominante son los materiales de construcción (arenas, grava y recebo), los cuales se extraen en once (11) de los títulos mineros principalmente en los municipios de Alvarado, Ibagué y Piedras, seguidamente otro material que se destaca dentro de las minas que se encuentran en explotación son los metales preciosos como el oro. La arcilla se encuentra en explotación dentro de tres (3) de las minas descritas anteriormente, principalmente en el municipio de Ibagué. Por su especial significancia se debe mencionar que dentro del municipio de Ibagué uno de los sistemas mineros más importantes es el Feldespatos, explotados por compañías dedicadas a estas actividades como Feldespatos El Vergel y Cia Ltda y Suministros de Colombia S.A (SUMICOL), la primera de ellas sobresale por las 500 ha que tiene en explotación. Además también es de resaltar que en el municipio de Ibagué se encuentran en explotación dos (2) minas de mármol, las cuales además también se destacan por presentar las mayores áreas de explotación, la primera de las minas cuenta con un área de 819,40 ha y la segunda con 535,35 ha.  ¿Con la relación a la consulta cuál sería el alcance sobre estos títulos y su aplicabilidad real sobre el sistema minero local y los títulos actuales?

2. El alcance de las determinaciones de la consulta afecta el seno de su circunscripción. Si bien es cierto que el municipio está en la obligatoriedad de proteger su medio ambiente, las determinaciones tomadas en el seno de la consulta solo tendrían cabida y validez en la modificación y ajuste de su propio POT no en el de Cajamarca que es donde tiene su origen el proyecto de la Colosa.

3. La campaña que inició la administración municipal para promover la consulta de la mano de los sectores ambientalistas aunque válida en sus objetivos se aleja de la realidad al plantearle a la ciudadanía que se pondría freno al megaproyecto cuando realmente no es del resorte municipal. Lo máximo es que se impedirá a lo sumo es que se ocupen terrenos de Ibagué en la explotación pero insisto, el seno de la actividad escapa a la jurisdicción local. ¿Es ético presentar un modelo y comprometer unos recursos públicos prometiendo que se paralizará un proyecto que no depende de nosotros como locales?

Con las actuales argumentaciones que se estipulan en la consulta de Ibagué si esta misma se aplicase en Cajamarca, municipio donde está el epicentro de La Colosa muy seguramente  el resultado debería bastar para con una sola consulta allí fuese lo suficientemente contundente para modificar el ordenamiento e impedir el avance del megaproyecto. Ya se intentó la pasada administración pero el Concejo Municipal en su mayoría optó por no aprobar el trámite por considerar que no estaba  clara la legislación sobre las atribuciones de este órgano para hacerlo. Ojalá esta administración y este concejo entren a reconsiderarlo.  Mientras tanto, las afectaciones ambientales abarcarán toda la cuenca del rio Coello y por supuesto a Ibagué que a hoy recibe cerca del 40% de la población total del Tolima. Se han planteado hacer varias consultas municipales pero todas individualmente con excepción de la de Cajamarca,  tendrían el mismo anodino resultado. 

El Gobierno departamental anterior pese a autoproclamarse defensor acérrimo del medio ambiente dejó avanzar el proyecto minero sin hacer absolutamente nada para evitarlo. Esta es una oportunidad para que de forma pragmática sin sesgos ideológicos el Gobernador Barreto de la mano de los alcaldes de los municipios afectados asuman su liderazgo territorial y concilien con los municipios una sola gran consulta regional que defienda el agua,  la vida y el territorio. La clase parlamentaria debe hacer lo propio. La comunidad debe hacer lo propio. La consulta popular no es un proyecto de izquierda o de derecha o de mamertos o de reaccionarios. Es un proyecto de vida de toda la comunidad tolimense comprometida con la protección de su recurso hídrico. Solo unidos podemos hacerle frente. 

El cambio climático no solo aumenta las temperaturas, sino que hará que tanto las sequías como las inundaciones sean cada vez más fuertes. El país necesita con urgencia replantear su crecimiento en torno al agua. Los impactos de no haberlo hecho en el pasado son profundos y ya están pasando la factura. 

El Tolimense Carlos Gustavo Cano dice sabiamente ““el agua tiene que comenzar a ser tratada como el primer bien público en orden de importancia para la supervivencia humana, la estabilidad del poder adquisitivo de las monedas y el sustento macroeconómico de la equidad”. Resulta no menos que paradójico que el Gobierno nacional apele como su carta de validación de los acuerdos de La Habana un plebiscito que refrende la voluntad de las mayorías en torno al apoyo al proceso de paz. ¿Cómo no vamos a exigir unidos que se nos respete nuestra voluntad de defender nuestro recurso hídrico como generador de paz y equidad? Sí a la consulta popular. Una consulta regional.