La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en distintos departamentos del país, con particular intensidad en Cauca y Nariño, y otros eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

Aunque las circunstancias y autorías de varios de estos hechos continúan siendo materia de verificación, se han registrado en un periodo muy corto hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en estas regiones del país. La información disponible hasta el momento no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada, pero los hechos sí responden a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas.

Varios de estos hechos se han producido en cabeceras municipales o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas cotidianamente por las comunidades; algunos han ocasionado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad.

A este escenario se suma la utilización reiterada de drones y artefactos explosivos, modalidades que el Sistema de Alertas Tempranas ha advertido previamente y que están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios. Su uso en zonas pobladas o próximas a bienes civiles incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades.

La entidad recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza. En la conducción de las hostilidades deben respetarse las normas del derecho internacional humanitario y, particularmente, las obligaciones dirigidas a proteger a quienes no participan en ellas. 

La Defensoría exigió a los actores armados, respetar    estrictamente    los    principios    de    distinción,    precaución    y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario.

Abstenerse    de    realizar    acciones    que    puedan    producir    efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil.
Cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.

Estas obligaciones adquieren especial relevancia cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas. La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones.

Ante el inicio de un nuevo Gobierno, resulta fundamental fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades.

Las capacidades institucionales existentes, las advertencias territoriales y las recomendaciones formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas contribuyen a anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas oportunas y territorialmente diferenciadas.

“Continuaremos monitoreando la evolución de estos hechos y sus impactos humanitarios. La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia”, dijo la defensora Iris Marín.