La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió tumbar de manera definitiva la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado, ratificando así la suspensión provisional que ya había sido adoptada previamente.

La decisión marca un hecho inédito en el actual Gobierno, siendo la primera vez que un estado de excepción es anulado en su totalidad. En casos anteriores, como la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira y la conmoción interior por la crisis de orden público en el Catatumbo, el alto tribunal había avalado parcialmente las medidas.

Según explicó la Corte, los argumentos del Ejecutivo no cumplían con los requisitos constitucionales, especialmente en lo relacionado con la existencia de hechos sobrevinientes que justificaran la declaratoria de emergencia. Este mismo criterio ya había sido aplicado cuando se tomó la decisión de suspender provisionalmente sus efectos.

El decreto fue expedido durante la vacancia judicial con el objetivo de enfrentar el déficit fiscal que, de acuerdo con el Gobierno, se agravó tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. A través de esta medida, se buscaba recaudar cerca de 11 de los 16 billones de pesos proyectados en dicha reforma, mediante la implementación de nuevos impuestos.

No obstante, para la Corte, la negativa del Congreso a aprobar la reforma tributaria no constituye un hecho extraordinario o sobreviniente que habilite al Ejecutivo para declarar un estado de excepción, ya que se trata de una decisión legítima dentro de sus funciones constitucionales.

Con esta determinación, el alto tribunal reafirma los límites al uso de los estados de excepción y el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia.