El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar denuncias sobre presuntas presiones laborales y reacomodos administrativos que estarían orientados a desplazar funcionarios que venían realizando seguimiento a procesos de contratación internacional de la empresa.

Según la información recibida por la Red de Veedurías, la llegada de Melguizo al encargo se daría en medio de movimientos internos que, de acuerdo con las alertas conocidas, estarían relacionados con intereses alrededor de proyectos energéticos de gran escala. 

En particular, se menciona el proyecto Ventus, vinculado al sector de energía solar, donde se proyectan inversiones cercanas a 2.000 millones de dólares. En ese contexto, algunos denunciantes señalan presuntas cercanías entre Melguizo y el directivo empresarial Juan Emilio Posada, lo que habría despertado inquietudes sobre posibles influencias en decisiones estratégicas dentro de la compañía.

Las advertencias también apuntan a que para el manejo de temas de negocio y contratación dentro de ISA habría sido ubicado Carlos Duque, quien, según las versiones conocidas por la Red de Veedurías, tendría un rol relevante en la coordinación de procesos contractuales. 

Al mismo tiempo, las denuncias mencionan presuntos movimientos desde el área de talento humano de la empresa, donde se señala a la vicepresidenta de talento organizacional de ISA, Karen Medina, como una de las funcionarias que habría participado en cambios administrativos que hoy generan controversia interna.

Bustos advirtió que la Red de Veedurías ha recibido reportes sobre un ambiente de presión laboral contra algunos trabajadores que venían documentando y vigilando procesos contractuales en diferentes países donde opera ISA. Por esta razón solicitó la intervención de los organismos de control para verificar si existen casos de acoso laboral, conflictos de interés o presiones indebidas dentro de la compañía.

El dirigente ciudadano subrayó que, aunque las denuncias deben ser investigadas respetando plenamente la presunción de inocencia de las personas mencionadas, la gravedad de la información obliga a que las autoridades verifiquen lo ocurrido. “Lo que está en juego es la transparencia y la independencia técnica de una de las empresas más estratégicas del sector energético colombiano”, advirtió.