Ante los insistentes llamados y requerimientos a los directivos de la Nueva EPS en busca de la defensa del derecho fundamental a la salud de sus afiliados, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos. 

En consecuencia, a lo anterior, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024; lo concerniente a la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros. 

En defensa del derecho fundamental a la salud, el Ministerio Público pidió información y sobre las medidas adoptadas con soportes acerca del giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, entre otras. 

Por lo que, el organismo de control para la protección de los derechos fundamentales de los más 11 millones de afiliados a Nueva EPS requirió remitir dicho informe dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Como se sabe Nueva EPS se encuentra en el centro de la controversia por haber suministrado a tiempo el medicamento necesario por el menor Kevin Acosta, quien murió luego de haber sufrido un accidente en bicicleta y sufrir de hemofilia.