La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra el sacerdote tolimense José Fredy Martínez Cruz por el delito de acceso carnal violento agravado, en un caso que ha generado profunda conmoción en la comunidad de Ibagué. La resolución de acusación fue emitida el pasado 23 de abril por la Fiscalía Primera Especializada de la ciudad, como parte de una investigación penal iniciada en 2021.

Según el ente acusador, una de las denunciantes aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte del sacerdote cuando era menor de edad y participaba en actividades juveniles en una parroquia de Ibagué. Los hechos habrían ocurrido entre 2001 y 2007, en espacios donde Martínez Cruz ejercía funciones pastorales, y según la Fiscalía, el delito se habría cometido aprovechando una relación de autoridad espiritual y confianza.

José Freddy Martínez Cruz, de 51 años, es licenciado en Ciencias Religiosas y oriundo de Ibagué. Estuvo privado de la libertad entre julio de 2021 y 2023, y actualmente enfrenta el proceso bajo medida no privativa de la libertad. El expediente que sustenta la acusación incluye las declaraciones de más de una decena de personas, entre víctimas y testigos.

Este caso ha provocado reacciones divididas entre los feligreses. Mientras algunos expresan su apoyo al sacerdote y piden prudencia hasta que se esclarezcan los hechos, otros exigen una investigación exhaustiva y garantías de justicia para las víctimas. La tensión se ha hecho evidente en las comunidades donde el religioso ejercía su ministerio.

Además de los hechos ocurridos hasta 2007, existen otras denuncias posteriores que siguen su curso en diferentes instancias judiciales, también relacionadas con presuntos delitos sexuales. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y testimonios en estos procesos paralelos.

Las víctimas han manifestado su deseo de que se haga justicia y han agradecido el respaldo recibido por parte de las autoridades judiciales y sus representantes legales. Se espera que el caso avance hacia juicio en los próximos meses, y que se respeten los debidos procesos para garantizar verdad, justicia y reparación.