Un fuerte reclamo al Gobierno Nacional hizo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante el debate sobre la crisis de seguridad y el avance de la minería ilegal en el sur del departamento.

La mandataria aseguró que desde marzo de 2024 había advertido al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al entonces ministro de Defensa sobre la delicada situación que comenzaba a presentarse en esta zona del territorio. Cuestionó que, pese a esas alertas, no se hubieran tomado decisiones oportunas para evitar el deterioro del orden público.

Uno de sus principales señalamientos estuvo relacionado con la salida de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) del sur del Tolima en octubre de 2025. Según Matiz, esta decisión dejó debilitado el control territorial, tanto en el Tolima como en el Huila, y facilitó el avance de las economías ilegales.

La gobernadora insistió en que existe una relación directa entre la minería ilegal y los problemas de seguridad. Por eso, sostuvo que combatir este fenómeno exige inteligencia, presencia permanente de la Fuerza Pública, justicia y decisiones institucionales oportunas.

Pero su intervención también planteó una discusión de fondo: la necesidad de transformar la legislación minera colombiana. Matiz pidió establecer diferencias claras entre la minería de subsistencia y la explotación criminal mecanizada, además de fortalecer las herramientas judiciales contra quienes compran, transportan, comercializan y lavan recursos provenientes de estas actividades.

Finalmente, reclamó alternativas económicas para las comunidades que dependen de la minería tradicional y pidió que las instituciones respondan con acciones concretas. Su mensaje fue directo: el sur del Tolima necesita autoridades presentes, leyes efectivas y soluciones que permitan recuperar la seguridad y proteger los recursos naturales.