A pesar del éxito de las distintas operaciones militares en las que han sido dados de baja varios miembros de las disidencias de las Farc y de grupos al margen de la ley en varias regiones del país, la defensora del Pueblo, Iris Marín criticó la forma en que estos resultados son presentados por el presidente Abelardo de la Espriella.

“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente. La muerte de civiles y la muerte de combatientes. La muerte de inocentes y la muerte de culpables”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín

Los numerosos grupos armados que participan en el conflicto y la criminalidad son crueles, no respetan las reglas más mínimas de humanidad, se ufanan de impiedad y poder, señaló la funcionaria.

“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en una demostración de poder”, aseveró. 

Según Marín, el Estado tiene el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y del derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona, por sí misma, las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Se refiere a algo distinto: a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados.

Para la Defensora del Pueblo, llama la atención que exista un portal denominado “las bajas del Tigre”, que no se ha confirmado que sea una página oficial, donde se cuentan los muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo Presidente. “En esto sí que hay que ser cautelosos, porque en el pasado la política que evaluaba los resultados en bajas en combate conllevó a un crimen de sistema que hoy es juzgado por la JEP: los llamados falsos positivos. No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación “Azarías” atiendan a esta lógica. Pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida al accionar de los grupos criminales”.

Dijo que el poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad. Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que el Estado es y sobre los valores que defiende. 

Cuando ese poder simbólico se pone al servicio del espectáculo o de la humillación, deja de fortalecer la autoridad legítima y empieza a erosionarla, porque la legitimidad no nace del miedo que el Estado pueda infundir, sino de la confianza que es capaz de inspirar, dijo Marín.

El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que le imponen la Constitución, la ley y la humanidad.