La imposibilidad de realizar un debate de control político solicitado hace más de un año en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes encendió nuevas alertas sobre la situación administrativa y financiera de entidades adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La representante a la Cámara Juana Londoño, autora de la proposición, manifestó su preocupación por la falta de respuestas institucionales frente a una serie de hallazgos que involucran al Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y a Fiducoldex, entidades estratégicas para el desarrollo económico y turístico del país.

Entre los aspectos que motivaron la solicitud del debate se encuentran situaciones que, según la congresista, requieren explicaciones urgentes por parte del Gobierno Nacional y de los responsables de estas entidades.

En el caso de Fontur, la investigación realizada evidenciaría que la entidad lleva cerca de seis meses sin gerente en propiedad y sin una sede definitiva para el desarrollo de las labores de sus funcionarios. Adicionalmente, se habría registrado un crecimiento del 156% en la planta de personal, acompañado de un incremento superior a seis veces en los costos de nómina durante el mismo período.

Otro de los puntos que genera inquietud es el aumento de los contratos de prestación de servicios. De acuerdo con la información recopilada, estos pasaron de 14 contratos en 2023 a 156 en 2024, lo que representa un incremento del 1.014%.

Las alertas también alcanzan a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, donde los activos administrados habrían registrado una reducción del 40,96% entre 2022 y 2023, equivalente a más de $3.500 millones en un solo año.

“Lo más preocupante no es únicamente el deterioro que reflejan estas cifras, sino la falta de escenarios institucionales para que el país conozca las explicaciones de los funcionarios responsables. Después de un año de insistencia, el debate nunca se realizó”, señaló la representante Juana Londoño.

A estas preocupaciones se suman observaciones realizadas por organismos de control.

Auditorías de la Contraloría habrían identificado presuntas irregularidades por más de $28.300 millones relacionadas con recursos provenientes del impuesto al turismo, incluyendo proyectos ejecutados a través de Fontur.

Asimismo, persisten interrogantes sobre la estrategia de promoción internacional “Colombia, el país de la belleza”, desarrollada entre 2023 y 2025. Según la congresista, aún existen dudas sobre los contratos suscritos, las agencias involucradas, los mecanismos de contratación utilizados y los indicadores de retorno que permitan medir con precisión el impacto de esta inversión.