Cambiar es una palabra sexy y políticamente rentable. Ella representa futuro, oportunidades y nueva gestión. Pero en la práctica es solo útil cuando mejora lo existente. De lo contrario es fuente de profunda frustración.

Cuando se confunde con destruir instituciones sin planes, el resultado son meras chambonadas. Colombia ha vivido recientemente esa confusión, y los datos, más que los relatos, así lo evidencian.

En nombre de un “cambio”, marchitaron el crédito subsidiado del ICETEX, que llegaba mayoritariamente a los jóvenes más vulnerables. Descalificaron y acabaron con programas claves de Colfuturo, Ser Pilo Paga y Generación E por razones ideológicas, debilitando instrumentos probados de mérito y movilidad social.

“Reimaginaron” el sistema de salud hasta dejarlo sin caja ni reglas claras; el resultado ha sido la destrucción de servicios y el acceso incompleto a medicamentos para cerca del 90 % de quienes los solicitan, según la Defensoría del Pueblo.

Destruyeron la regla fiscal (porque para qué el orden y la disciplina) y con ello condujeron al país a récords históricos de deuda pública y déficit fiscal, el peor dato de caja de la nación y récords en reservas presupuestales sin fuente de pago.

Lograron además el milagro de espantar la confianza inversionista y hundir la inversión privada: hoy Colombia registra el peor dato de inversión como porcentaje del PIB en más de dos décadas. En energía, destruyeron la seguridad energética frenando la exploración nueva y no convencional de gas y petróleo sin un plan alternativo; el resultado ha sido el deterioro de Ecopetrol, del patrimonio de sus accionistas y de la fuente más importante de financiación del presupuesto nacional.

Tensaron  relaciones con aliados estratégicos como Estados Unidos, Chile, Argentina e Israel, con costos evidentes en seguridad e inversión extranjera directa. En seguridad interna, bautizaron como “paz total” una política que debilitó la capacidad disuasiva del Estado mientras crecían el narcotráfico y la minería ilegal (Paz Narca); los indicadores de inseguridad volvieron a deteriorarse y se entronizaron a los criminales de las drogas en plazas públicas.

El Estado, eso sí, creció. Se infló la burocracia y el empleo por rebusque, mientras el rigor técnico fue reemplazado por relatos. Se subieron impuestos a la comida y al emprendedor para cubrir una burocracia más grande y unos intereses de deuda hoy cerca de 50 % más caros que en 2022. La incertidumbre regulatoria se volvió permanente, especialmente en sectores intensivos en inversión de largo plazo como energía y servicios públicos.

Las reformas estructurales siguieron el mismo patrón. Se “arreglaron” las pensiones sin resolver su sostenibilidad fiscal, dificultando a los jóvenes alcanzar una pensión. Se congelaron nuevas APP de infraestructura, se demoraron licencias por convicción ideológica, provocando la salida de inversión, especialmente en La Guajira, se puso en entredicho la autonomía universitaria, y se politizó y desfinanció la ciencia y la innovación.

Eso sí, se aumentó 23% el salario mínimo, que se lo comerá la inflación y nos hará mucho más informales, como ha sucedido en tres años.

La lección es elemental y urgente: el desarrollo no es destruir lo construido. Es construir y mejorar sobre lo construido. La ideología no reemplaza la técnica, ni paga las cuentas. Podemos hacerlo distinto !!